CCOO ha denunciado hoy que la Administración de Justicia no podrá implantar a tiempo el obligado expediente judicial electrónico cuyo plazo vence este jueves. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia aseguran que el 65% de los procedimientos judiciales se hacen de forma digital en toda la Administración.
Desde el sindicato aseguran que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas con competencias transferidas han incumplido «gravemente» la ley y no han dotados de medios suficientes para llevar a cabo esta tarea.
Según las informaciones de CCOO, solo 25 de los 113 partidos judiciales del territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia tienen instalado el programa Minerva Digital que permite la digitalización de los procesos judiciales.
En las comunidades autónomas con competencias transferidas, solo Cantabria y Navarra podrán en la fecha legal señalada mañana utilizar el expediente judicial electrónico en todos los órganos judiciales, salvo en los juzgados de paz.
Por su parte, desde el Ministerio insisten en que desde el pasado 22 de febrero el departamento que dirige en funciones Rafael Catalá ha puesto una «solución disponible» para que toda la Administración de Justicia pueda hacer efectiva esta adaptación electrónica, que marca la ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las Administración de Justicia.
Asimismo, aseguran que «todas las capitales de provincias y principales sedes de Justicia» están tramitando a día hoy de forma electrónica. Precisamente, según ha dicho, «el 65% de los procedimientos judiciales se hacen de forma digital».
La ley establece que, desde en su entrada en vigor, todas las oficinas judiciales y fiscalías tienen que estar dotadas en cinco años de los sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.
En este sentido, desde el Ministerio se ha subrayado que la implantación de esta herramienta se ha ido haciendo de forma «gradual» por todo el territorio español, desde que se instaló en la Diputación de Cáceres como proyecto piloto. (CONFILEGAL/EP)
