El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto este viernes en el que declara a Volkswagen AG investigada por su presunta participación en la manipulación de determinados motores diesel de esta firma y le imputa indiciariamente delitos de defraudación, fraude de subvenciones contra el medio ambiente.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha cursado una comisión rogatoria a Alemania, país donde se ubica la sede de la compañía automovilística, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.
En su auto, el magistrado explica en su auto que esta causa se inició tras la presentación de querellas por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen. La investigación judicial se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de 4 cilindros.
El trucaje se pudo realizar con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
Según el relato del juez, el fabricante, para lograr fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados y que la empresa Volkswagen A.G. debe ostentar la condición de «investigado» (antes » imputado») «al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más amplio sentido».
EL JUEZ COINCIDE CON EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA
El auto del juez recoge el informe del fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, en el que solicitaba esta medida, al asegurar que existen elementos que apuntan a que es la matriz la que dirige las actuaciones de las filiales.
Unos indicios que el Ministerio Fiscal detectó tras la declaración del representante de Volkswagen-Audi España, Luis Comas, a finales del pasado año, quien aseguró que los motores usados en los modelos españoles eran fabricados en Alemania.
Según el Fiscal, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque «existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta».
