El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene abiertas varias investigaciones al titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada, el magistrado Carlos Martínez Robles, por la demora en sus sentencias durante años.
Se da la circunstancia de que este mismo juez ya fue sancionado en dos ocasiones anteriores, en 2004 y 2005, por el CGPJ por tardar demasiado en resolver los asuntos de su juzgado, entonces el Juzgado de lo Penal 1 de Granada.
En 2004, fue suspendido de empleo y sueldo durante un mes y en 2005 se le impuso una suspensión de ocho meses, pero en ambos casos, tras un recurso presentado por su abogado, el Tribunal Supremo (TS) revocó la sanción por haber caducado el expediente sancionador.
Sin embargo, como consecuencia de la última sanción, la de 2005, Martínez Robles perdió su plaza y fue destinado a Cartagena (Murcia).
Así, y después de que la sanción fuera revocada en 2008, el magistrado reclamó al CGPJ que le abonara el pago del alquiler (además de dietas) al que tuvo que hacer frente en aquella ciudad, entre el 6 de marzo de 2006 y el 20 de marzo de 2007, periodo en el que ocupó la plaza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena.
El Tribunal Supremo le dio la razón y condenó al órgano de gobierno de los jueces a pagarle los gastos de alquiler, un total de 23.000 euros, en una sentencia inédita hasta entonces.
Ahora, el magistrado se enfrenta a una nueva investigación, aunque desde un juzgado diferente, por culpa de alrededor de medio centenar de casos que están pendientes de sentencia.
Uno de los afectados es el administrador único de la Autoescuela Luna, Juan de Dios Valero, quien explicó a Europa Press que llevó a los tribunales a una entidad bancaria por un contrato de permuta financiera y que lleva esperando sentencia desde enero de 2013, fecha en la que se celebró el juicio.
El asunto le ha generado problemas financieros pues, a la hora de pedir un préstamo, consta en el Banco de España como deudor de un ‘swap’ o permuta financiera.
«Estoy atado de pies y manos porque el Juzgado no dicta sentencia cuando hace tres años y medio que se celebró el juicio», indicó el afectado.
El asunto está al parecer en manos del promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero. (EP)
