La Abogacía Española condena la represión llevada a cabo por el gobierno de Erdogan después de que fracasara un golpe de Estado contra él y tras constatar que se ha destituido y detenido a miles de jueces, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos sin una acusación formal y sin pruebas de su participación en el mismo.
Esta rápida represión ha llevado al comisario de Política de Vecindad y Amplación de la Unión Europea (UE), Johanes Hahn, a afirmar que las autoridades turcas tenían elaborada una lista de jueces a los que depurar antes de que se produjera la intentona golpista, lo cual es tremendamente grave.
Además, el propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado además la posibilidad de restablecer la pena de muerte en Turquía, lo que supondría un grave retroceso y una vulneración flagrante de los Derechos Humanos.
Desde la Abogacía tampoco se olvidan de que a consecuencia del reciente acuerdo suscrito entre Turquía y la Unión Europea sobre personas refugiadas, miles de seres humanos que huyen de la violencia en Siria se pusieron en manos de Turquía, al que Europa consideró “un país seguro” en contra de la opinión de organizaciones humanitarias.
En este sentido, la Abogacía Española recuerda, en su página web, que en reiteradas ocasiones ha expresado su protesta ante el Gobierno turco por la detención de abogados que defendían a miembros del PKK, impidiendo así el ejercicio del derecho de defensa, uno de los pilares del Estado de Derecho.
Por todo ello, exigen «a las autoridades europeas y a la comunidad internacional que velen porque las medidas que adopte el gobierno turco como consecuencia del levantamiento militar se ajusten a los estándares internacionales del estado de Derecho».
Y reclaman a Europa que «no olvide a los miles de personas refugiadas cuyo futuro dejó en manos de Turquía ya que, a la vista de los recientes acontecimientos, no puede considerarse un país seguro»
La abogacía insta al gobierno turco y a la comunidad internacional a que «respeten los Derechos Humanos y los estándares internacionales en la consolidación de las estructuras de un estado democrático y de derecho digno de formar parte de la Unión Europea».
