La Audiencia Nacional condena a 11 de los 13 exdirectivos de Afinsa que se sentaron en el banquillo, por delito de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública a penas que en los casos más graves alcanzan los 12 años de prisión, como la del presidente Juan Antonio Cano, condenado a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material.
Además de Cano, que deberá abonar 240.000 euros en concepto de multa, la sentencia conocida hoy también condena a otros diez acusados, entre ellos los exconsejeros Carlos y Albertino de Figueiredo como coautores, a 11 años y once meses y 11 años de cárcel respectivamente.
Vicente Martín Peña (11 años y 6 meses) y Emilio Ballester López ( 10 años y 3 meses). Estos 5, junto con Jose Joaquín Abajo Quintana, son condenados a indemnizar en la cantidad de 2.574 millones de euros, de forma conjunta y solidaria, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos reconocidos por la administración concursal de Afinsa Bienes Tangibles SA. en el procedimiento 208/2006 del juzgado de lo mercantil 6 de Madrid.
La sección Primera de la Sala de lo Penal les aplica el tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que produjo la compañía filatélica. Se trató de una de las estafas piramidales más relevante conocida por nuestros tribunales, con 190.022 pequeños inversores afectados, 2.438 acreedores en el momento de la intervención (9 de mayo de 2006) y 2574 millones de euros en su pasivo y 150 millones de sellos en sus almacenes.
La Sala analiza toda la operativa de Afinsa. Y así, el Tribunal considera probado que los acusados, desde comienzos de 1998, hasta el 9 de mayo de 2006, fecha de su intervención judicial, desarrollaron un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores.
Una estafa que según explica el tribunal afectó a la clase media, con victimas que en muchos casos perdieron los ahorros que guardaban para la jubilación o para hacer frente a situaciones de crisis.
Se trató de un negocio ficticio «sin ningún sentido económico«, basado en una sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y que clientes no informados y crédulos invertían en la medida que se les prometía la devolución de su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades financieras de la época.
La Audiencia absuelve, en cambio, al auditor de la compañía, Francisco Blázquez y al jefe de operaciones en Europa la filial de Afinsa, Ramón Egurbide, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitaban penas de 2 y 8 años de prisión.
