El Gobierno en funciones aprueba un gasto de 450.000 euros en nuevas tecnologías para la Justicia

El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes un gasto de 450.000 euros para el uso de las nuevas tecnologías, divididos en tres contratos diferentes. La inversión está destinada específicamente a suministrar certificados y tarjetas criptográficas necesarias para el uso del expediente electrónico así como para la implantación de medidas seguridad que garanticen la protección de los equipos de soporte de estas redes de datos.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, estos tres acuerdos permiten cumplir en plazo los objetivos previstos en esta fase de implantación de la justicia digital de cara a que profesionales de la Justicia, oficinas judiciales y fiscales incorporen, como es obligación desde enero de este año, los sistemas telemáticos en todos sus escritos y que los juzgados y tribunales tramiten electrónicamente los procedimientos.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha autorizado exceptuar la aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda del pasado 14 de julio por la que se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio relativas al presupuesto de gasto, para la tramitación de estos tres contratos.

El primer contrato consiste en una encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para el suministro de tarjetas criptográficas y la prestación de servicios técnicos y de seguridad aplicables a la certificación de firma electrónica en el ámbito de la administración electrónica por un importe estimado de 137.063,70 euros, lo que posibilitará el trabajo con el expediente judicial electrónico e impulsará la eficiencia de las actividades propias de la administración de Justicia.

El segundo contrato incluye un paquete de medidas de seguridad que permitirá detectar, prevenir y proteger la infraestructura de comunicaciones ante cualquier tipo de ataque.

El incremento de tráfico de datos como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto de justicia digital y la utilización del expediente electrónico exige la puesta en marcha de medidas la monitorización y correlación de eventos vinculados a la seguridad de las redes de datos.

El importe de esta partida es de 244.968,52 euros.

Por último, el tercer contrato incluye el suministro de un sistema antivirus que permita defender los equipos de cualquier tipo de intrusión externa o de cualquier irrupción forzada en el sistema para el que se destina un monto de 72.454,80 euros. EP.