El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha abogado este martes por la «cercanía» y la «capacidad de interlocución y de diálogo» para abordar las reformas necesarias y ha pedido la «colaboración de jueces y magistrados para alcanzar una Estrategia Nacional de Justicia«.
En su intervención en las XXVI Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España, el ministro ha pedido la colaboración de jueces y magistrados para alcanzar una Estrategia Nacional de Justicia que suponga una revisión completa del modelo judicial en España y se sume al necesario consenso político, social, institucional y profesional que este servicio precisa en España.
La percepción por parte de la ciudadanía de que la administración de justicia sufre «interferencias» por parte del poder político «preocupa» al ministro, que considera como uno de los pilares básicos de esa Estrategia el fortalecimiento de la independencia del sistema judicial, según un comunicado del Ministerio.
Para ello, se han diseñado una serie de medidas como la revisión de la composición y funciones del Consejo General del Poder Judicial, así como la regulación de las situaciones en las que jueces y magistrados puedan participar en política y retornar posteriormente a su labor jurisdiccional para impedir que los ciudadanos tengan dudas sobre su posible independencia.
Como segundo consenso básico de ese Pacto de Estado ofrecido por el Gobierno, prevalece el objetivo de fortalecer la justicia, un reto en torno al que el ministro ha reafirmado su compromiso.
Para ello será necesario dotar de mayor eficiencia y especialización a la planta judicial, ajustándola a las necesidades reales, para lo que será necesario transformar algunas unidades judiciales y crear otras nuevas.
Igualmente, se impone una revisión en profundidad del sistema procesal español, modernizando y simplificando las leyes procesales y suprimiendo los trámites innecesarios que retrasan la decisión judicial, así como los recursos y trámites dilatorios que obstaculizan la fase de instrucción.
Catalá también ha considerado imprescindible regular la acción colectiva de forma que un único proceso agrupe a múltiples perjudicados por un mismo hecho, e impulsar mecanismos de resolución extrajudicial como la mediación o el arbitraje.
Asimismo, para el titular de Justicia la clave de todas las reformas en el sector pasa por una transformación desde la tecnología, impulsando una Justiciaavanzada, digital, próxima y accesible en todos los órdenes e instancias judiciales.
La puesta en marcha de este proyecto de Justicia digital ya está produciendo sus resultados en España «con datos que confirman su utilidad», según el ministro.
Así, más de seiscientos juzgados, que tramitan el 65 por ciento de asuntos en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, trabajan íntegramente en formato digital y 5.500 usuarios, entre jueces, letrados o funcionarios, manejan a diario documentos digitales y usan firma electrónica.
El número de comunicaciones electrónicas ha ascendido hasta los 58 millones, lo que supone el 75 por ciento del total del sistema judicial en España, y se ha constatado un «importante ahorro» para profesionales y sedes judiciales.
