El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, por delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa por la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la embajada en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías.
Además, el juez también dirige el procedimiento contra el segundo máximo responsable de la legación diplomática, Oriol Solá, y acuerda notificar la resolución a la Abogacía del Estado, en nombre de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, por si desean personarse en defensa de los investigados.
El juez, acepta así la denuncia formulada por las familias de los agentes que se vieron implicados, advierte que de la nueva causa puede derivarse responsabilidad civil, tal y como reclaman los afectados.
Según la querella, a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, se denuncia que Pérez de Agreda «nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia».
De acuerdo con los hechos denunciados, el 11 de diciembre de 2015 Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y quedó como encargado y máximo responsable de la Cancillería Oriol Solá Pardel, que «tampoco respetaba ninguna medida de seguridad».
«Más al contrario ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio», permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas, añade.
En la mañana del 11 de diciembre se alertó por los servicios secretos franceses del riego de atentado contra la Embajada de España, «lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde (alrededor de las 18 horas) un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española», recoge el auto del magistrado.
Estos hechos, a juicio del juez Santiago Pedraz, «tienen una primera apariencia de infracción penal» por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional resulta «evidente» puesto que nos encontramos ante presuntos hechos cometidos por españoles en el extranjero.
El juez acuerda incorporar a las actuaciones judiciales las diligencias de investigación penal abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. (CONFILEGAL/EP)
