En estos días se cumple el tercer aniversario de la muerte de mi hermana Andrea, estrangulada a manos de su marido en Villanueva de la Jara (Cuenca) en 2013. Aparte de la rabia y el dolor que sentimos toda la familia, el acto vil de este individuo ha dejado huérfanos a mis dos sobrinos (de 7 y 14 años en la actualidad).
Además, nos hemos encontrado en este doloroso proceso con numerosas piedras en el camino que no han hecho más que consolidar los esperpénticos vicios de nuestro sistema judicial en este horrible y fangoso terreno de la Violencia de Género, con resultado de muerte para una persona desprevenida, indefensa, mujer y madre como sucedió en el caso de mi hermana Andrea.
No quiero desaprovechar esta triste onomástica para reivindicar algunas demandas presentes en la opinión pública y que están siendo caballo de batalla, frente a la administración, por juristas y personas afectadas por esta lacra social para que sean tratadas con la misma equidad y contundencia con las que se han afrontado otros temas como el terrorismo, por ejemplo. Son las siguientes:
– Los menores y demás personas afectadas fehacientemente por ese asesinato deben ser considerados víctimas y atendidos como tal por el Estado. Los menores deberían tener cubiertos, de forma solvente, sus derechos educativos, sociales y económicos.
En mi caso, tengo un juicio pendiente con la Seguridad Social ya que a mis sobrinos, hijos de una mujer asesinada y con su padre en la cárcel, les fue denegada la ayuda por orfandad alegando que mi hermana no había cotizado 15 años todavía.
Señores, por desgracia están muriendo mujeres de todas las edades y no a todas les ha dado tiempo a cumplir dichos plazos. Me parece vergonzoso que lo único que les corresponda a unos niños que tienen toda una vida por delante sea una paga trimestral de 72,75€.
– Que en todos los casos, salvo excepciones contadas, se tipifique de asesinato (y nunca de homicidio) y, asimismo, se haga cumplir íntegramente las penas sin beneficios penitenciarios de ningún tipo.
– La justicia tiene que responder, en tiempo y forma, a este problema con la celeridad que exige el grave desarraigo familiar que producen este tipo de asesinatos. No puede ser que habiendo un asesino confeso, como en nuestro caso, hayamos tenido que esperar 30 meses para que le juzguen. Una justicia a destiempo, es una flagrante injusticia.
Como hermano de Andrea, me siento en la obligación de hacer ver (porque he padecido la acción de una justicia decepcionante) que la violencia de género es algo que los poderes públicos no se han tomado realmente en serio, de cara a buscar soluciones efectivas, dejando a su paso resoluciones, a todas luces, injustas, aunque se vean amparadas por un Derecho para nada acorde con las graves consecuencias humanas y sociales de este tipo de delitos.
Exigimos que se cambie la actual legislación, al objeto de adecuarla a la gravedad del delito y a sus consecuencias humanas, familiares y sociales. Siempre será un asesinato violento, como en el caso del terrorismo, y para nada homicidios, en los que se solapan bastantes sentencias imposibles, como sucedió con mi hermana Andrea.
En nuestro caso, nos hemos visto forzados a aceptar un acuerdo puesto que la justicia, en estos casos y por desgracia, no garantiza una pena justa sino todo lo contrario y los grandes perjudicados, como siempre, son mis sobrinos. Quiero dejar claro que de no haber sido esto lo menos perjudicial para los niños, jamás hubiéramos aceptado tal acuerdo pero desafortunadamente, nuestro sistema judicial no da más margen de maniobra a las otras víctimas de la Violencia de Género como son (particularmente) los hijos.
Para más información :
https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-en-qué-pais-vivimos
