Soluciones globales a problemas globales. Esta podría ser la sencilla conclusión del evento sobre “capitalismo ciudadano”, que tuvo lugar en Madrid, donde abogados e inversores internacionales debatieron sobre cómo mejorar la respuesta ante los casos de fraude o las negligencias en la gestión. Para ellos, a solución es crear una Corte Financiera Internacional con competencias transnacionales.
Esta medida teórica no es tan fácil de llevar a la práctica porque los Estados no están dispuestos a ceder parte de su soberanía para esta u otra iniciativa.
El encuentro del que fue anfitrión el despacho Cremades & Calvo-Sotelo ha servido para que las otras entidades organizadoras, los abogados e inversores miembros de Euro Latam Lex (ELLEX), International Financial Litigation Network (IFLN), World Federation of Investors (WFI) y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) proponen a la sociedad los Quince Puntos sobre el Capitalismo Cívico.
Para Diego Solana, socio de la firma española y director general de las redes internacionales ELLEX y NFL, mostraba su satisfacción por el alto nivel de los debates generados en esta reunión entre letrados e inversores “hemos visto que sería necesario crear una Corte Financiera Internacional con competencias transnacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y corrupción”.
A juicio de los asistentes, en los últimos años hemos sido testigos de escándalos financieros con una gran repercusión mundial que hace necesario, para la defensa de los intereses de las personas físicas o jurídicas afectadas, plantear una actividad litigadora global. Esta litigación internacional requiere una compleja capacidad de información y recursos que hacen particularmente eficaces los instrumentos colaborativos flexibles e internacionales.
Sobre el documento de Capitalismo Cívico, Solana subraya que “el capitalismo como sistema no se cuestiona, no hay un modelo alternativo. Lo que sí está claro es que se necesita una respuesta más contundente a los casos de fraude o estafa que puedan surgir como los que estamos viviendo. En casos con grandes afectados como Bankia, el cierre del espacio aéreo en su dia por la huelga de los controladores, la respuesta que se ha dado no ha sido satisfactoria. Sería el momento de implantar las class action o reclamaciones colectivas que existen en otros países de nuestro entorno”.
En este contexto y ante asuntos de carácter internacional es donde encajaría la figura de esta Corte Financiera Internacional que reclaman estos expertos “en un mundo global donde vivimos y con intereses transnacionales creemos que ha llegado el momento que los Estados se pongan de acuerdo y cedan parte de su soberanía para crear este tribunal supranacional de corte financiero. Tendría que centrarse en los asuntos de prevención de blanqueo de capitales, corrupción y asuntos de financiación del terrorismo”.
Para este experto en derecho mercantil, situaciones como la de Venezuela y su violación de los derechos humanos, tema que fue objeto de debate por varios expertos, entre los que se encontraba el ex ministro de Justicia y hoy abogado Alberto Ruiz-Gallardón, miembro del equipo jurídico de defensa del líder de la oposición de ese país encarcelado, Leopoldo López, también tiene un transfondo importante a nivel financiero y en la economía del país. “Se confiscan bienes o se hacen expropiaciones sin justiprecio o se lesiona la libertad de empresa son casos evidentes de lo que estamos señalando”, apunta Solana.
Por su parte, Javier Cremades, Presidente de la red de abogados europeos e iberoamericanos Euro Latam Lex (ELLEX) y de la red internacional de abogados litigadores International Financial Litigation Network (IFLN) declaraba “Tenemos un problema de gobernanza político. El legislador crea fronteras artificiales que perjudican a los consumidores y accionistas y que dificultan las demandas colectivas nacionales e internacionales”. Desde su punto de vista “Un sistema de “class action” es una herramienta excelente de resolución de conflictos a través de acuerdos entre las partes que beneficia tanto a las grandes empresas como a los inversores y consumidores”.
Un evento donde abogados e inversores hablaron del capitalismo financiero
Durante dos días los abogados e inversores compartieron y debatieron las experiencias en sus respectivos países sobre economía colaborativa, crowdfunding, el desarrollo de las empresas de fintech e insurtech, las consecuencias para los inversores, accionistas y el medio ambiente en el caso Volkswagen, los procedimientos de extradición de Ablyazov y otros acusados en Kazajastan por la billonaria estafa del banco BTA, las OPAs transfronterizas en el caso del Banco Portugués de Investimento o la repercusión económica y financiera de la violación del estado de derecho en Venezuela.
Entre los casos españoles el debate se ha centrado en las plantas fotovoltaicas y el cierre del espacio aéreo, lo que permanece del sistema de cajas de ahorros, los conflictos de interés en sociedades cotizadas, como el caso NH – HNA, o los fraudes en los folletos de OPV, como en el caso de BANKIA.
El ex Alcalde de Madrid y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, José María Álvarez del Manzano ha defendido “que las cajas de ahorros todavía cumplen una función y deberían, de alguna manera, existir”.
Tras la aprobación de los quince puntos sobre capitalismo ciudadano, Benita Ferrero-Waldner, ex Comisaria Europea de relaciones exteriores de la UE y socia de Cremades & Calvo-Sotelo declaraba clausurado el Congreso y emplazaba a los asistentes e intervinientes a continuar los debates en 2018.
