De izquierda a derecha, Mercedes Caso, decana de Barcelona, Pedro Viguer, de Valencia, José María Paez, de Málaga, Antonio Viejo, de Madrid, Pilar Martínez, de Oviedo, y Santiago Pedraz, decano de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, en la mesa de clausura de las Jornadas Nacionales.
La Justicia es un elemento dinamizador de la economía, según los Jueces Decanos
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22/11/2016 05:57
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Actualizado: 22/11/2016 01:01
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Los Jueces Decanos son los «navy seals» de la Justicia. Conocen el terreno en el que se mueven mejor que los indios sus praderas y sus montañas. Tienen identificados los problemas y sus soluciones. En sus análisis y de sus propuestas «se inspiran», de hecho -aunque no lo digan- el propio Consejo General del Poder Judicial y los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia.
Análisis que, en ocasiones, pueden resultar ácidos, por lo críticos, y propuestas directas que vienen destiladas de la experiencia y de su independencia. Porque no en vano su legitimidad no es «digital» sino que son elegidos por sus iguales.
Una de las cosas que los Jueces Decanos tienen muy claro es que la Justicia es un elemento esencial y central para la economía. Así quedó patente en el apartado relativo al papel de la Justicia en ese apartado del texto de conclusiones que elaboraron durante la Reunión Anual de Jueces Decanos de España, la cual tuvo lugar en Málaga hace un mes y a la que asistieron 50 de ellos, representando a más de 2.000 jueces, de los 5.500 que forman la carrera judicial.
En dicho texto señalaban los Jueces Decanos que, a pesar de que el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos, nadie duda hoy en cualquier país desarrollado de la enorme relevancia de la Administración de Justicia como elemento para dinamizar la economía y para impulsar el intercambio de bienes y servicios.
Y añadían que, según los expertos, allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión.
De acuerdo con el texto de los Jueces Decanos, nadie duda hoy que la eficacia del sistema judicial es un factor de primer orden a tener en cuenta para favorecer la competitividad de los Estados, en este caso de España.
Solidez del sistema judicial
Es más, los Jueces Decanos destacan que el Consejo de la Unión Europea ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos, lo cual es lógico porque un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y por ende la inversión interna y extranjera.
De hecho, subrayan que uno de los primeros parámetros que analizará con sumo interés una empresa extranjera es la solidez del sistema judicial y la seguridad jurídica del país donde se pretende invertir.
En este sentido y para evidenciar la trascendencia de la maquinaria judicial en la economía, los Jueces Decanos destacan que, según los últimas datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2014, los movimientos (ingresos y devoluciones) en las cuentas de consignaciones judiciales en toda España habían ascendido a más de 16.000 millones de euros, suma que aun siendo muy elevada se refiere sólo a una mínima parte de los procesos que se tramitan en nuestro país (la mayoría de las resoluciones judiciales no conllevan consignación en las cuentas de los juzgados).
Y recuerdan que, según la Agencia Tributaria, hay 50.000 millones de euros pendientes de cobro, más de la mitad varada en los tribunales. A los que deberían añadirse las millonarias sumas defraudadas o apropiadas en las causas por corrupción.
Procesos interminables
Afirman los Jueces Decanos que en el sistema judicial actual, estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años si contamos las diversas instancias.
Por tanto, este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras esta «judicializado». Concluyen que no es de recibo que tal potencial económico quede congelado en la Justicia, que debería ser precisamente un acicate para engrasar la maquinaria económica, cuyo objetivo es precisamente fijar y dar satisfacción y salida a los créditos y a las transacciones controvertidas en un plazo razonable, fijando y declarando derechos.
Piénsese por ejemplo en los centenares de miles de procedimientos sobre cláusulas abusivas o productos financieros, o en los concursos, ejecuciones hipotecarias, acciones reivindicatorias, procesos societarios, o urbanísticos, reclamaciones de cantidad, etc…, que representan miles de millones de euros.
Y concluyen los Jueces Decanos en dicho documento que debe darse una solución rápida a las situaciones litigiosas “congeladas” en los tribunales ya que una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores.
Puede hundir a una empresa
Puede, por ejemplo, hundir una empresa a la que se deba una importante suma, sobre todo si es pequeña o que acabe siendo liquidada en un proceso concursal, o que desaparezca antes de que se le reconozca –si procede- su derecho a la segunda oportunidad o extinción de sus deudas en los casos excepcionales en que la ley lo admite.
Los Jueces Decanos consideran que la Justicia no puede ser un problema para la economía. Al contrario, debe ser la solución. Debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas.
Dicho de otro modo, debe contemplarse como instrumento para contribuir al flujo económico sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario.
Según destacan los jueces, recientes informes del Banco de España indican que la Justicia tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito, la morosidad, la subsistencia o la creación de nuevos negocios por parte de los emprendedores, que pueden verse afectados por el buen o mal hacer de los órganos judiciales, y se ponen de manifiesto toda una serie de evidencias que muestran, en definitiva, que invertir en Justicia repercute finalmente en la buena evolución de la economía y los mercados.
A la vista de todo ello los jueces consideran que la pregunta es obligada: ¿para cuándo una inversión suficiente en Justicia que repercuta en beneficio de la economía? ¿Se valorará algún día la enorme incidencia del sistema Judicial en lo económico y en el ámbito social?
En suma, ¿por qué nunca se apuesta por modernizar el sistema judicial a pesar de los beneficios sociales y económicos que ello podría suponer para España? Quizás algún se obtenga una respuesta convincente a este enigma. Hoy por hoy no la tenemos.
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