Estos días estamos asistiendo a críticas continuas a las altas instituciones judiciales. Ayer mismo, el PP ponía en cuestión la independencia del Tribunal Constitucional por la forma de designación de sus magistrados, tanto el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoó, como distintos dirigentes del partido mostraron ayer su desconfianza ante «un tribunal trufado con dos magistrados del Gobierno es inmoral».
En clara alusión al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Presidencia Laura Díez, ambos magistrados del órgano de garantías, a propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde enero de 2023.
Ante esto, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) recuerda «que el Tribunal Constitucional es piedra angular en la bóveda del Estado de Derecho que nuestra Constitución define y sanciona», recordando que sus magistrados/as son independientes e inamovibles.
Según JJpD, «Deslegitimar el Tribunal Constitucional, criticar no sus resoluciones sino su composición, a la que todas las instituciones han contribuido, es una irresponsabilidad inaceptable».
En este sentido, expresan que «es fundamental que representantes políticos se expresen con moderación y respeto a las instituciones»,.
Igualmente, señalan que «defender las instituciones es garantizar nuestro Estado de Derecho, una responsabilidad colectiva que nadie debe abandonar, sean cuales sean sus opiniones sobre una determinada sentencia».
El Constitucional «no responde a presiones de nadie»
El Tribunal Constitucional «No responde ante las presiones de nadie. Nadie puede dirigir instrucciones a los mismos que no pueden ser cesados, sancionados o perjudicados por el ejercicio de su labor jurisdiccional», indican en su comunicado.
Desde JJpD subrayan que «Las imputaciones que arbitraria e intencionadamente se le dirigen no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto sus instituciones y del Estado de Derecho que la ampara».
Recuerdan que «Los miembros del Tribunal Constitucional han sido designados conforme a los procedimientos y las normas previstas para ello con un alto grado de consenso en las instituciones parlamentarias».
Su composición responde a la decisión del Congreso y Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, que hicieron los nombramientos y se ajustan al marco legal que la Constitución y las Cortes han previsto.
Las sentencias son «criticables», pero «no el tribunal que las dicta»
Para la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), «la crítica a la imparcialidad o independencia del Tribunal Constitucional, sin fundamento en hechos objetivos, solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho».
Y en este sentido, aseguran que «la crítica a las resoluciones judiciales es plenamente legítima», incidiendo en que «la libertad de expresión y opinión es básica en una democracia». Eso sí, recuerdan que las sentencias son «criticables», pero «no el tribunal que las dicta».
Por todo ello, JJpD denuncia que tipo de críticas «socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho.
«El interés de unos no justifica destruir las instituciones de todos», concluyen desde esta asociación judicial.
