La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a su salida del TSJ de Cataluña el pasado diciembre.
Forcadell pide a Alegret y Romero de Tejada que defiendan su «inviolabilidad» parlamentaria
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16/12/2016 12:05
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Actualizado: 16/12/2016 12:27
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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha instado este viernes a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret y al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada , a que defiendan su «inviolabilidad» parlamentaria, al declarar como investigada por desobedecer al Tribunal Constitucional.
Durante su comparecencia, Forcadell, se ha negado a contestar a las preguntas de la juez instructora, Maria Eugènia Alegret y de la Fiscalía, a los que ha reprochado que al imputarla han incumplido su deber de defender la inviolabilidad del Parlament.
Según han explicado fuentes jurídicas, ha recordado a la juez y a los fiscales que, como Poder Judicial, son los garantes del derecho a la inviolabilidad de los diputados, igual que ella es la responsable de proteger la inviolabilidad de todos los diputados de la cámara.
Así, ha contrastado la necesidad de que el TSJC garantice su inviolabilidad parlamentaria con el hecho de citarla como investigada este viernes por permitir un debate de ideas en el Parlament al votarse las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, y ha vuelto a defender la libertad de expresión.
Forcadell ha subrayado que permitió votar la hoja de ruta independentista porque era un «acto político», sin valor jurídico alguno, y ha alegado que no se puede prohibir que el pleno discuta sobre la independencia cuando el debate está en la calle.
La presidenta del Parlament, se ha limitado a responder a una lista de 25 preguntas que le ha formulado su abogado, Andreu Van del Eynde, en una exposición en la que se ha escudado en dos informes jurídicos del Parlament -uno anterior y otro posterior al pleno- que, a su parecer, avalaban la legalidad de la votación de dichas conclusiones.
El TSJC investiga a la presidenta de la cámara catalana, a raíz de una querella de la Fiscalía por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), por permitir que el pleno del 27 de julio pasado votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abría la puerta a una vía unilateral a la independencia.
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