Las defensas de los acusados en el ‘caso Guateque’ han solicitado este miércoles a la Sala la nulidad de actuaciones por vulneración de diversos derechos fundamentales y han denunciado dilaciones indebidas, reclamando que los procesados puedan ausentarse de las sesiones apelando a una directiva europea que delimita el derecho a la asistencia a los juicios.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado, hoy sí, el juicio contra la considerada mayor trama de corrupción producida en el seno del Ayuntamiento de Madrid. Una corruptela que estalló el 14 de noviembre de 2007 durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón.
En el banquillo se sientan 30 procesados, entre ellos ex funcionarios municipales y empresarios. Se les acusa de formar parte de una red de concesión de licencias exprés a cambio de dinero. Se enfrentan a penas que suman 250 años de cárcel.
En la fase de cuestiones previas, varios abogados han coincidido en solicitar que sus clientes estén exentos de asistir a todas las sesiones, que se extenderán hasta el próximo mes de mayo. Han mencionado que se aplique una Directiva de la Unión Europea que delimita el derecho del acusado a la asistencia al juicio.
Otros letrados han reclamado la nulidad de las intervenciones telefónicas, como la abogada del empresario Antonio Sanz Escribano y la defensa del exfuncionario Carmelo García, entre otros. En el caso del empresario, se ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución Española.
DILACIONES INDEBIDAS
El abogado de Victoriano Ceballos, uno de los presuntos cabecillas de la red de cobro de sobornos, ha aportado varios documentos relacionados con diferentes delitos que se le imputan a su cliente. Ceballos, que afronta una petición de 14 años de cárcel, estaba al frente de la División de Impacto Ambiental.
El abogado de Sara López, exempleada de la Junta de Distrito de San Blas, ha hablado de vulneración de derechos fundamentales de su patrocinada por dilaciones indebidas, dado que han pasado diez años desde que se iniciaran los hechos. También ha reclamado a la Sala que su clienta pueda ausentarse de la vista, ya que si solo se la juzgara a ella el juicio duraría un día.
También ha denunciado vulneración de varios derechos fundamentales el abogado de Carmelo García, otro de los funcionarios municipales inmerso en la macrocausa. Se ha quejado del modo cómo se llevaron a cabo las intervenciones telefónicas, denunciado la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Su nulidad implicaría todas las declaraciones que se practican a su patrocinado, derivadas de esas escuchas telefónicas.
