Trece colectivos de víctimas del terrorismo han tachado de «electoralista» la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de reabrir la investigación de un atentado perpetrado por ETA en 1979, en coincidencia con la convocatoria para renovar su jefatura, que encabeza Javier Zaragoza.
En un comunicado conjunto, las 13 asociaciones se han pronunciado así días después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reabierto la investigación del atentado en Villafranca (Guipúzcoa) en el que murieron el guardia civil Antonio Ramírez y su pareja, Hortensia González, y pedido a la Policía y a la Guardia Civil que le informen sobre sus posibles autores.
En su auto, el juez acuerda la reapertura de la causa a instancia de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la hermana de la mujer que resultó asesinada.
A raíz de esta decisión, distintas asociaciones de víctimas han emitido un comunicado conjunto en el que critican que el fiscal jefe Javier Zaragoza haya «visto la luz» respecto los cientos de asesinatos terroristas que acumula todavía sin resolver «justo dos días después de que este martes saliese publicado en el BOE la apertura de candidaturas para la renovación de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional».
La Asociación de Víctimas del Terrorismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Asociación Catalana de Víctimas del Organizaciones Terroristas (Acvot), la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite).
Junto a la Asociación Gallega Santiago Apóstol de Víctimas del Terrorismo, la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, la Fundación Jiménez Becerril, Vecinos Paz, la Fundación Muñoz Cariñanos, la Asociación Dignidad y Justicia y la Fundación Luis Portero García, son las que han suscrito el comunicado.
Según estas asociaciones, la petición de la Fiscalía se ha producido tras meses de críticas y peticiones de dimisión a Zaragoza por parte de asociaciones ante la «pasividad» de la Fiscalía bajo el mandato de Zaragoza, un período en el que «decenas de asesinatos de ETA podrían haber caído en prescripción».
Además, las víctimas argumentan que el propio informe de Fiscalía que pide la reapertura del caso de 1979 aclara que el doble asesinato está «prescrito» y apunta a poder enjuiciar a algún miembro de la banda no por los delitos de asesinato, sino «por integración en banda armada».
Las organizaciones afirman que «tienen claro» que la apertura del caso «no permitirá ninguna condena por asesinato» ni en aquél ni en ninguno de los «379 casos en la impunidad de ETA o de los más de 300 en la misma situación del Frente Polisario» y acusan a la actual Fiscalía de la AN de «mentir a las víctimas y desinformar a la ciudadanía» al abrir el caso cuando los hechos han prescrito y únicamente se puede enjuiciar a los responsables por pertenencia a banda armada.
«El resultado es que con todo este asunto se miente a las víctimas y se desinforma a la ciudadanía», agrega el comunicado, en el que las asociaciones consideran «imprescindible» una «urgente» renovación de la Fiscalía «en la lucha contra la impunidad». (CONFILEGAL/EP)
