La Comisión Interasociativa de jueces de Canarias, secciones territoriales la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI), junto a las tres asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación profesional e independiente de Fiscales (APIF), denuncian el abandono al que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias tiene sometidos a los Juzgados de Arrecife, en la isla de Lanzarote, provincia de Las Palmas.
Las siete asociaciones respaldan al juez decano, que ayer emitió un informe aclarando, después de las recientes publicaciones aparecidas en prensa relativas a los sistemas de grabación de vistas que Desde el mes de junio de 2016 ha mantenido distintas reuniones tanto con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, como con el anterior viceconsejero de Justicia de la CCAA de Canarias.a
No se ha hecho nada.
«El pasado 10 de octubre de 2016, siendo que los errores e incidencias de los equipos de grabación de las salas de vistas persistían, se abrió un expediente gubernativo en el Decanato a fin de compilar las incidencias mediante certificados de los Letrados de la Administración de Justicia del Partido, siendo que en los primeros 20 días hábiles se registraron 30 incidencias», explica el juez decano.
«En el mes de noviembre de 2016 se procedió al cambio de los equipos de grabación, pudiéndose constatar que los traídos eran igual o más antiguos que los que ya había, y en modo alguno se cambiaba el sistema (siendo el actual de DVD y VHS). Asimismo, que desde esta pretendida renovación se han visto incrementados las incidencias notablemente», aclara.
El juez decano deja claro que ha hecho todo lo que tenía que hacer y de sus palabras se desprende que la situación actual es responsable la Administración autonomía, lo que está suponiendo un
«perjuicio injustificable, y en algunos casos irreparable para los ciudadanos del Partido Judicial de Arrecife».
El Gobierno de Canarias tiene las competencias transferidas de la Administración de Justicia y tiene la obligación de proveer a los jueces, fiscales y funcionarios de los medios necesarios para el desarrollo de su trabajo.
