«El señor Santiago Vidal no merece pertenecer a una Carrera que tienen como premisa básica su fidelidad a la Constitución». Así de tajante se pronuncia la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en un comunicado hecho público hoy sobre el exsenador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), actualmente suspendido como magistrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La APM reconoce que Vidal puede optar por reincorporarse a la carrera judicial una vez que cumpla su sanción. Por ello, consideran necesario que si eso ocurre, «el CGPJ valore su idoneidad para el cargo».
Vidal fue suspendido por el Pleno del CGPJ como magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, en febrero de 2015, durante tres años por una falta disciplinaria muy grave al haber participado en la redacción de una constitución catalana.
Renunció a su acta de senador por ERC después de que El País publicara, el pasado 26 de enero, una noticia sobre unas declaraciones de Vidal en las que dijo que el Govern de la Generalitat de Cataluña tenía en su poder, de manera ilegal, datos de los contribuyentes catalanes.
También, añadió, tenían una lista de jueces y magistrados «calificados como afectos y desafectos al proceso independentista».
Ambos datos han sido desmentidos por el Govern que preside Carles Puigdemont.
Según la APM, ante ello sólo caben dos posibilidades.
«La primera, que el exsenador haya faltado absolutamente a la verdad en sus manifestaciones, siendo las mismas producto de su fantasía ideológica».
«La segunda, que las mismas se ajusten a la realidad, revelando indebidamente lo que debía permanecer en secreto ante la opinión pública, y que haya tenido que abandonar su puesto como consecuencia de dicha indiscreción», añaden.
La investigación de la Fiscalía aclarará «cual de las dos posibilidades es la correcta».
En cualquier caso, tanto si ha faltado a la verdad, «utilizando la mentira para alentar la subversión en contra de determinados principios institucionales», como si no lo ha hecho, «revelando unos hechos gravísimos de los que tenía conocimiento y que lejos de comunicarlo a las autoridades competentes se dedicó a publicitarlo en determinados foros afines a su ideología, ha evidenciado una posición incompatible con la Constitución, que, como juez y como senador, está obligado a respetar«, concluye.
