El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es «anómalo» en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia «sea de conocimiento público».
«Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)», ha añadido.
En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y «ratifiquen o modifiquen».
«Así funciona siempre la Fiscalía. No hay ninguna manipulación», ha remachado.
Y ha añadido que no cree que los fiscales que están en los máximos niveles de la institución, con 40 años de carrera a sus espaldas, vayan a dejarse presionar.
A su modo de ver, lo que es «bastante anómalo» es que no se acate el criterio de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción y las fiscales se nieguen a firmar un informe.
Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.
«Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes», ha remachado.
LA FISCALÍA DEBERÍA FUNCIONAR «CON MAYOR DISCRECIÓN»
En cambio, Catalá no ha hablado de anomalía alguna en el hecho de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conociese ya el martes por la mañana que cuatro fiscales del Tribunal Supremo se habían opuesto a que se le investigue.
Es más, el ministro cree que «la secuencia temporal tiene una cierta lógica» porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, y en ese decreto se daban estos detalles. Y, aunque ha dicho no saber cómo le llegó a Sánchez la información, cree que entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana pasaron «las horas suficientes» y el documento pasó «por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto».
Eso sí, ha opinado que la Fiscalía debería funcionar «con mayor discreción» a la demostrada últimamente, refiriéndose concretamente al acuerdo de conformidad «en otro caso con mucha relevancia» desvelada el jueves pasado. Catalá aludía previsiblemente al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y siete empresarios acusados en el caso Gürtel que admitieron haber financiado al PP valenciano y así lograron penas de prisión inferiores a dos años, lo que les permitirá evitar la cárcel.
EL ACUERDO CON Cs «SE PRESTA A INTERPRETACIÓN»
Por otro lado, Catalá ha respaldado el criterio del PP, que defiende que Sánchez no debe dimitir aunque sea «investigado», sino en el caso de que se le abra juicio oral, en contra de lo que defiende Ciudadanos.
La dimisión de los «imputados» es uno de los puntos de los acuerdos firmados entre PP y Ciudadanos para el Gobierno nacional y también para el Gobierno de la Región de Murcia, pero ahora el término «imputado» ya no existe formalmente, sino que, en la fase de instrucción, los acusados son «investigados» hasta que se decide si se les procesa o no.
Por eso, Catalá cree que el acuerdo «se presta a interpretación», de manera que si los firmantes tienen alguna duda «se tendrán que sentar» para aclararlo.
Es más, ha afirmado que el PP tiene bien claro lo que quiso decir con ese acuerdo, «que la mera declaración como investigado no es el punto» en el que un político tiene que dimitir, sino que la «imputación formal» equivale a la apertura de juicio oral, que es el momento en el que, según el PP, debe marcharse un responsable político. EP.
