Soledad Becerril, actual Defensor del Pueblo entrega a Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados el Informe.

El Defensor del Pueblo reclama más juzgados y medios para mejorar la respuesta judicial

01/3/2017 05:58

Actualizado: 28/2/2017 20:12

La Administración de Justicia sigue siendo muy lenta como demuestran las 1649 quejas que el Defensor del Pueblo recibió en 2016. Así se desprende del Informe Anual que este martes presentó en el Congreso y el Senado, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien señaló la necesidad de más órganos judiciales y de reforzar los equipos psicosociales de los juzgados de familia.

Las quejas recibidas durante el año pasado han sido similares, rondando las 16,500, “sin embargo se ha incrementado la actuación de oficio de esta oficina institución. De esta forma las cifras crecieron un 67 por cien al pasar de 522 a 872 actuaciones en el 2016. Al mismo tiempo se incrementó el número de resoluciones para que las administraciones modifiquen sus actuaciones o normas, 1.780 frente a las 1.503 de 2015.

En 2016 se formularon 1.515 recomendaciones y sugerencias y 256 recordatorios de deberes legales. Además, se recibieron 16.485 escritos de queja, 39 escritos de solicitud de recurso de inconstitucionalidad y de amparo y se iniciaron 872 actuaciones de oficio el 56,26% de estas quejas ciudadanas fueron admitidas, frente a un 36,12 de inadmitidos y un 7,62% que quedaron en estudio al cierre del informe. De los admitidos, eran el 16,39% los que se habían concluido terminado el año.

Becerril comentó que “hemos intentando responder antes los ciudadanos, eso ha hecho que el tiempo de respuesta haya pasado de los 62 dias en el 2013 a 27,99 durante el pasado año. Esperamos que las administraciones también vayan reduciendo esos tiempos, tras una queja siempre hay una persona a la que hay que responder”.

También destacó la reforma de la web que solo el pasado año recibió 456.215 visitas. Este pasado año se atendieron desde esta institución 554.788 personas a través de sus diferentes canales de atención al ciudadano (web, redes sociales, atención telefónica, atención presencial, chat…)

Tras empleo público y justicia, las cuestiones que preocuparon más a los ciudadanos fueron actividad económica, sobre todo por cuestiones tributarias, (1.494); migraciones (1.115); empleo y seguridad social (1.054) y asuntos de Interior (1.050). Otros sectores que generaron un número significativo de quejas fueron impuestos, servicios públicos y esenciales y educación

Justicia necesita medios para poder funcionar

En esa intervención este martes en el Congreso de los Diputados, Becerril volvió a centrarse en la justicia y su gestión. Subrayó que en 2016 el Defensor del Pueblo ha formulado recomendaciones para promover la creación de nuevos órganos judiciales. Así, ha solicitado, entre otros, la creación de un nuevo juzgado de lo social en Algeciras, un juzgado de familia y otro de lo penal en Guadalajara y dos nuevos juzgados de lo mercantil en Murcia.

También recordó que la Institución inició una actuación de oficio con todas la Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Justicia para conocer el régimen jurídico aplicable a los equipos psicosociales de los juzgados de familia. Cataluña, Andalucía y Aragón ya han aceptado las recomendaciones para mejorar la situación de estos equipos.

Respecto a la cuestión de las cláusulas suelo recordó que el reciente Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo prevé la creación del sistema extrajudicial recomendado por el Defensor con anterioridad para evitar que los afectados tuvieran que acudir a los tribunales.

Otra cuestión que también destacó fue la necesidad de regular la actividad de las empresas de recobro para proteger los derechos de los deudores y evitar que algunas compañías utilicen métodos poco éticos para cobrar las deudas. El Ministerio de Justicia ha manifestado al Defensor su intención de regular la labor de estas empresas.

Recurso de inconstitucionalidad

Del informe también se puede extraer otro dato importante. El Defensor del Pueblo recibió 39 solicitudes de ciudadanos que pedían al Defensor que presentase un recurso de inconstitucionalidad contra distintas normas, como la Ley del Voluntariado o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la institución no cursó ninguna. Tampoco tramitó ninguna de las 19 solicitudes de petición de amparo al Constitucional que se le plantearon.

En ese informe que se presentó ayer también hay un apartado para las administraciones que no colaboran con el Defensor del Pueblo. En 2016 fueron tildadas de «entorpecedoras» 11 corporaciones municipales de distintos puntos de España cuyos casos han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado. Se trata de los ayuntamientos de Barruelo de Santullán (Palencia), Cadaqués (Girona), Colmenar de Oreja (Madrid), El Viso de San Juan (Toledo), Gerindote (Toledo), La Pola de Gordón (León), La Unión (Murcia), Macael (Almería), Mazarrón (Murcia), Molvízar (Granada) y Nerja (Málaga).

Preguntada por los periodistas por diversas cuestiones, en el asunto del derecho a voto de las personas con discapacidad, Becerrill señaló que salvo por resolución judicial clara todas ellas deberían votar y recordó que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha comunicado que tiene previsto reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad. Respecto al voto de las personas que viven fuera de España, Becerril se mostró partidaria de agilizar el procedimiento para que puedan ejercer su derecho al voto en la práctica.

Preocupación por CIE

Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) este informe señala que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre estos Centros y emitida en forma de sentencia hace casi 30 años «no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias» en esta materia y pide por ello «una revisión profunda» del modelo.

También se dice que «la preocupación de esta institución por la situación de los centros de internamiento de extranjeros ha sido constante desde su creación», en 1985, cuando el Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Extranjería que los regulaban.

En 2016 desde la oficina del Defensor del Pueblo se realizaron 101 visitas a centros de privación de liberta, como dependencias policiales, centros de internamiento de extranjeros (CIE), centros de menores infractores, centros penitenciaros y operativos de repatriación de extranjeros.

Se trataba de comprobar las condiciones de vida de los internos y fruto de las inspecciones realizadas se formularon 12 recomendaciones, 336 sugerencias y 4 recordatorios de deberes legales. También se iniciaron 131 expedientes de oficio. En breves fechas, el Defensor presentará el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) con información detallada de las visitas y las recomendaciones realizadas.

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