El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2016 fue de 48.410, lo que representa un descenso del 29 % respecto a las presentadas el año anterior. Así se desprende del informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
Se trata de la cifra más baja de las registradas desde 2008, cuando se iniciaron 58.686 ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 93.319; en 2010, 93.636; en 2011, 77.854; en 2012, 91.622; en 2013, 82.680; en 2014, 80.749; y en 2015, 68.165.
El descenso fue especialmente significativo en la Comunidad Valenciana (39,6 %), Galicia (39,2 %) y Navarra (38,8 %) y superior al 30 por ciento en otras seis Comunidades: Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.
En cambio, en La Rioja y el País Vasco son las únicas Comunidades Autónomas en las que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2016, con aumentos del 9 % y del 5,6 %, respectivamente.
Datos del cuarto trimestre de 2016
En el cuarto trimestre de 2016, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en toda España fueron 10.726, un 32,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Andalucía, con 2.609, fue la Comunidad en la que más ejecuciones se iniciaron en ese periodo -seguida por Cataluña (1.676), la Comunidad Valenciana (1.577) y Madrid (1.034)-, aunque es también la que registró un descenso más acusado –del 44,2 %- respecto al cuarto trimestre de 2015.
63.037 lanzamientos practicados en 2016
El número de lanzamientos (desahucios) practicados el año pasado fue de 63.037, lo que supone un descenso del 6,4 % respecto a los 67.359 de 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Más de la mitad de esos lanzamientos -34.193, el 54,2 %- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 26.397 –el 41,9 %- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 2.447 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución del 4,2 % en 2016, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 9,7 %.
Cataluña –con 14.069, el 22,3 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que el año pasado se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía –con 9.998- y la Comunidad Valenciana, con 9.635.
Atendiendo solo a los lanzamientos que fueron consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en la Comunidad Valenciana se registraron 5.398, en Andalucía 5.193 y en Cataluña 4.452.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en 2016 fue de 67.030, un 3,7 % menos que el año anterior. De ellos, 40.479 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso del 4,7 % respecto a 2014.
Datos del cuarto trimestre de 2016
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 se practicaron en España 15.797 lanzamientos, un 4,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El 53,8 % fue consecuencia de la LAU, el 42,3 % se derivó de ejecuciones hipotecarias y el 3,9 % restante obedeció a otras causas.
Como en el caso de los datos anuales, también en el cuarto trimestre de 2016 son Cataluña –con 3.405, el 21,5 % del total-, Andalucía –con 2.481- y la Comunidad Valenciana –con 2.309- los territorios con más lanzamientos practicados.
Además, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos fue de 17.265, un 3,7 % menos que en el mismo trimestre de 2015. De ellos, 10.410 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 1,4 %.
