El Foro Judicial Independiente (FJI) «valora positivamente» el aumento presupuestario del 7,7% destinado a Justicia, pero recuerda que el aumento de gasto en Justicia en los últimos años ha sido «estéril». «No ha ido dirigido a combatir las variables que condicionan dicho funcionamiento, esto es, a aumentar la planta judicial y el número de juzgados» o «reducir la litigiosidad».
Según los presupuestos presentados por el Gobierno para el año 2017, la partida correspondiente al Ministerio de Justicia se incrementará un 7,7% en este año, lo que supone 121 millones de euros más que el año anterior, así hasta alcanzar los 1.700 millones de euros.
Sin embargo, pese a ser un buena noticia, ese aumento de presupuesto, desde el FJI, «no se ha visto acompañado de una mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en España, más bien al contrario, estando ahora peor que hace años en lo que a pendencia se refiere».
Lo que «demuestra lo poco que interesa realmente la Justicia al partido en el Gobierno, que prometía una «justicia ágil y de calidad» en su programa pero que no invierte para ello«, señalan desde FJI.
Es más, dichos incrementos de gasto «no han ido dirigidos a combatir las variables que condicionan dicho funcionamiento, esto es, a aumentar la planta judicial y el número de juzgados (y a hacerlo allí donde más falta hace) y a reducir la litigiosidad».
Como tampoco ha mejorado «la compleja organización de la justicia de este país, con hasta tres Administraciones implicadas» (Ministerio de Justicia, de las CCAA con competencias transferidas y el del propio de CGPJ, todo ello unido a «la ausencia de un modelo de Justicia en la mente de nuestros políticos«.
Desde el Foro Judicial Independiente inciden también en que la dotación prevista de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales «es claramente insuficiente», porque «no va a servir ni para cubrir las vacantes por baja o jubilación, quedándonos estancados en la escasa ratio de jueces/fiscales por habitante que caracteriza a España frente a los países de nuestro entorno».
Por ello, reclaman al Ministerio que dirige Rafael Catalá «una mayor convocatoria de plazas, sostenida además durante varios años seguidos, como un primer paso, aunque no el único, si verdaderamente se quiere mejorar la Justicia en nuestro país«.
Además señalan que se queda muy «lejos de las convocatorias de no hace tanto tiempo (300 plazas en el año 2007, 233 plazas en 2008, 370 plazas en 2009 ó 400 plazas en 2010 y 2011)».
Es más, «dicha provisión es para cubrir la disminución de los jueces y fiscales sustitutos, únicamente. Es decir, continuamos con la misma dinámica de eliminación de la interinidad que se inició con la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, la cual aumentó la carga de trabajo de los jueces titulares porque, a partir de entonces, éstos empezaron a cubrir todas las ausencias de sus compañeros por enfermedad, permisos y licencias».
Y se seguirá «abusando de la figura del Juez de Adscripción Territorial (JAT), utilizándola para fines distintos de los que justificaron su nacimiento».
