El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, calificó ayer de «monografía extraordinaria» el libro «La Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones», del que es autor el magistrado Joaquín Delgado Martín y cuya presentación tuvo lugar en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, en Madrid.
«Es un libro excepcional porque subraya la importancia de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acabó con décadas de sequía normativa sobre los derechos fundamentales», dijo Marchena durante la presentación que hizo del libro, acompañado de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, y el secretario general de la Academia, Antonio Pau.
«La monografía», de acuerdo con el magistrado, «en sí mismo es la conquista de un desafío intelectual porque no se limita a examinar las nuevas tecnologías y su encaje penal sino que formula una teoría integral de la prueba digital. Y no la limita a esta jurisdicción en concreto, sino que las extiende a todas. Es un libro obligado para todo aquel que quiera estar al día en este campo».
El ministro Catalá coincidió con Marchena en la misma idea: «Delgado ha construido una auténtica teoría general de la prueba digital aplicable a todas las ramas del Derecho, lo que supone una aportación muy destacable al acervo académico».
«La obra dedica un capítulo a profundizar en las principales modalidades de la prueba digital: el correo electrónico y los mensajes de texto (SMS); las grandes dificultades de prueba de las conversaciones de WhatsApp y de otros sistemas de mensajería instantánea (Skype, Telegram, Line,…,); la investigación de los contenidos ilícitos de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Lindkedin…), cuya huella digital resulta frecuentemente difícil de acreditar por su volatibilidad y por la localización fuera de España de muchas de las empresas prestadoras del servicio (especialmente en EEUU); la prueba del contenido de una página web o de la navegación por internet de un usuario», dijo el ministro.
«Otro capítulo aborda la regulación de la prueba digital en el proceso civil, analizando las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la materia, deteniéndose en la contratación electrónica, especialmente en la prestación de servicios por las entidades de crédito. La segunda parte del capítulo se centra en el proceso contencioso-administrativo, con especial atención a la regulación de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas), el documento administrativo electrónico y su remisión a la jurisdicción contencioso-administrativa», añadió.
«La Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones» también trata de los registros, tanto de dispositivos electrónicos como de los datos almacenados en la nube, los registros remotos, el uso de troyanos, que dado que afectan gravemente a los derechos fundamentales de los investigados, están sometidos a un severo régimen de garantías.
Sin olvidar, tampoco, el procedimeinto de interceptación de comunicaciones telemáticas, en el que el sistema SITEL juega un importante rol, la obtención de datos en Internet, la infiltración policial en la web, los agentes encubiertos informáticos y la investigaicón en la «Dark Net», y su dimensión internacional.
Todos los presentes coincidieron en que la monografía marca un antes y un después en el estudio jurídico tras las novedades que han producido las últimas reformas de la LECRIM.
Con el plus añadido de que está escrita en un lenguaje asequible y fácil que pueden entender hasta los legos en la materia.
Joaquín Delgado, actualmente director general de la Administración de Justicia, estuvo arropado en su presentación por los magistrados de la Sala de lo Penal, Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid -en uno de cuyos tribunales tiene su destino Delgado-, Eduardo de Porres, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Eduardo Ortega, la presidenta de Wolters Kluwer, Rosalina Díaz Valcarcel, presidenta de Wolters Kluwer -editora de la monografía- y un gran número de compañeros de la carrera.
