El exministro socialista de Justicia, Juan Alberto Belloch; el ex secretario de Estado de Justicia y actual diputado del PSOE, Juan Carlos Campo; el vocal del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska; el juez central de Instrucción, Eloy Velasco y el magistrado de la Audiencia, Enrique López, compiten entre otros, con su experiencia y especialización a las dos plazas vacantes de la nueva Sala de Apelación que comenzará a funcionar este 1 de junio.
Dicho órgano, que tendrá la última palabra sobre las sentencias penales que dicte la Audiencia Nacional como la Gürtel, Bankia, el caso Púnica, o la operación Lezo, estará compuesto de tres miembros, aunque solo dos plazas han salido ahora a concurso.
La vacante para la presidencia de la Sala de Apelaciones será ocupada provisionalmente de forma interina por José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, hasta que el puesto salga a concurso.
El Consejo deberá decidir si las nuevas vacantes deben ser ocupadas por los magistrados más antiguos en el escalafón o por el contrario, la asumen magistrados con una especialización reconocida.
La decisión presenta aspectos técnicamente complejos y, aunque el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha encargado un informe técnico entre sus asesores -entre los que se encuentra el vocal Gerardo Martínez Tristán-, distintas fuentes del CGPJ apuntan a que el asunto acabará, en último término, siendo recurrido ante el Tribunal Supremo.
Especialidad o antigüedad, esas son las premisas
La selección de los 3 magistrados, incluida la Presidencia de esta nueva Sala de Apelación -dos de las cuales tienen que ser especialistas en penal- es competencia del órgano de gobierno de los jueces, que se guiará por la antigüedad en el escalafón y la especialidad y experiencia de los magistrados que lo soliciten.
Sea como fuere, Juan Alberto Belloch Jube aún siendo el más antiguo en el escalafón -ocupa el número 21- no tiene ninguna posiblidad de llegar a la Sala. Tampoco Juan José García Pérez, el segundo, tras él; 138 en el escalafón judicial.
¿Por qué? Porque entre los solicitantes se encuentran Fernando Grande-Marlaska, presidente saliente de la Sala de lo Penal de la AN, y María José Rodríguez Duplá, quien dejó la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ávila hace un año.
El primero tiene el 1045 en el escalafón y la segunda el 384, pero ambos tienen prioridad de elección, durante los dos años siguientes a su cese, por haber ocupado esos puestos de responsabilidad, aunque el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entiende que esa preferencia está limitada para las plazas en «que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista», como podría ser este caso.
Es un derecho del que hizo uso en su momento la magistrada Concepción Espejel para llegar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al haber cesado como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara durante ese periodo.
También lo han solicitado otros magistrados de la Audiencia Nacional como José Ricardo de Prada, Carmen Lamela, Manuela Fernández Prado, Fernando Andreu, Clara Bayarri, Ángel Hurtado, y el consejero de Justicia de España en Marruecos, Luis Francisco de Jorge Mesas, entre otros.
Por su parte, Juan Carlos Campo, también cuenta con amplia experiencia y, a ello une su experiencia como exvocal del CGPJ y como secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la actualidad es diputado del PSOE y portavoz de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados.
Los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Eloy Velasco tienen una antigüedad menor en el escalafón de magistrados -1038 y 1036- pero en cambio cuentan a su favor con la especialización jurídica, desde 1995.
Si se aplicase estrictamente la especialidad ellos tendrían preferencia absoluta.
El juez Velasco es el instructor del caso Púnica sobre financiación ilegal del PP, en la que continúa en prisión el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y del más reciente caso Lezo, sobre irregularidades en el Canal de Isabel II por la que mantiene en prisión, Francisco González. Además, es un especialista en delincuencia informática, sobre la que ha realizado su tesis doctoral.
Por su parte, Enrique López, también fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Tribunal Constitucional. Tras abandonar este destino hace tres años, regresó a su plaza a la Sala de lo Penal en la Audiencia Nacional.
