El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola Generación por un presunto delito cometido supuestamente por directivos y/o empleados que adoptaron decisiones que llevaron a una subida artificial del precio de la luz en el invierno de 2013.
Fuentes jurídicas han confirmado que en el marco de esta investigación ayer fue requerida información por la Guardia Civil, que se personó en las sedes de la compañía en Madrid y Bilbao.
La Fiscalía Anticorrupción, en la denuncia que ha presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, acusa a la eléctrica de haber cometido un delito contra el mercado y los consumidores, recogido en el artículo 281 del Código Penal, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
Según la denuncia, Iberdrola habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía «más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda», lo que elevó el precio por encima del mercado diario.
Con esta práctica, la compañía habría obtenido un «lucro ilícito» de 20 millones de euros, según Anticorrupción.
IBERDROLA NIEGA LAS ACUSACIONES
Iberdrola ha negado «rotundamente» haber realizado «cualquier manipulación fraudulenta» de los precios en el mercado eléctrico a finales de 2013 a través de las ofertas de sus centrales hidroeléctricas y ha recalcado que, en el periodo analizado, actuó siempre «como un gestor prudente y razonable».
Según fuentes de la compañía, Iberdrola Generación España ha prestado «toda su colaboración» al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la solicitud de información relacionada con la actuación de la empresa en el mercado eléctrico entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
Las fuentes consultadas han explicado que el grueso de la información solicitada ahora ya está en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que analizó los hechos en su momento e impuso una sanción de 25 millones en noviembre de 2015.
Contra esa resolución administrativa se tramita en la actualidad un recurso que Iberdrola Generación presentó ante la sección cuarta de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
