El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente al presidente de la Sección de lo Penal 7 de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, José de Madaria Rubira, de 68 años, después de que un colega de Orihuela le grabara una conversación telefónica y denunciara ante el órgano de gobierno de los jueces que el magistrado supuestamente le había presionado para que suspendiera la pena a un condenado por dos delitos de prostitución, según publica el diario información.
En el marco de este expediente, que lleva abierto varios meses, Madaria había sido citado hoy a declarar en la sede del CGPJ, en Madrid, pero la reciente dimisión del promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha trastocado su declaración.
Estaba previsto también que, desde Orihuela y por videoconferencia, testificará una fiscal con la que el magistrado también habría contactado con el mismo fin de supuestamente beneficiar al penado, que acabó ingresando en prisión para cumplir sendas condenas de un año y tres meses de prisión.
Madaria Rubira presentó su candidatura a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante el pasado mes de noviembre, pero fracasó en el intento.
El magistrado, también según el diario informacion, declinó pronunciarse sobre este asunto, aunque sí avanzó que tomará medidas contra quienes pretenden manchar su nombre.
De acuerdo con lo publicado por este periódico, un juez de lo Penal de Orihuela denunció ante el Consejo que en otoño del año pasado Madaria se había puesto en contacto telefónico con él interesándose por la suspensión de la pena a un condenado.
Dada su insistencia, el juez acabó grabando una conversación que puso en conocimiento del CGPJ al entender que se trataba de un intento de presión.
Con esta denuncia, se inició una investigación que ha venido tramitando durante los últimos meses.
Al igual que el juez, la fiscal, a la que sorprendió el interés en este caso del presidente de mencionada sección de lo penal de Elche, habría recibido varias llamadas del magistrado, quien supuestamente llegó a decirle que la persona para la que pedía la suspensión de la pena había sido condenado cuando era joven y que ahora había rehecho su vida y le provocaba tristeza que ingresara en prisión.
En el caso de la fiscal, a las llamadas se sumó la visita de un letrado que aseguró que iba a verla de parte del magistrado, lo que, al parecer, le pareció inaudito, continúa relatando este periódico.
En una de esas comunicaciones, la fiscal le habría explicado al magistrado que había resuelto oponerse a todos los beneficios que se solicitaban para este condenado, a lo que Madaria le habría presuntamente respondido que la Justicia tardía no es Justicia, planteando otras posibilidades legales para evitar que ingresara en prisión, como podría ser la sustitución de la privación de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad.
El 2 de noviembre de 2016 se requirió al condenado para que entrara voluntariamente en prisión.
