Al igual que en estos días, lo hicieran el Consell d l’Advocacia Catalana, el ICAIB de Baleares y la propia Asamblea Regional de Murcia y sus Colegios de Abogados, este sábado CONFILEGAL ha tenido conocimiento que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), y la Abogacía de Castilla-León se han unido a esta protesta masiva de la abogacía.
Desde el CADECA se alerta de que este «Plan de Urgencia» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría generar graves distorsiones en el Turno de Oficio.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se reunía este viernes en Córdoba y aprobaba por unanimidad manifestar ante la opinión pública su rechazo total al plan de urgencia establecido por el Consejo General del Poder Judicial para dar respuesta a la avalancha de demandas por cláusulas abusivas.
Para Javier Lara, decano del Colegio de Málaga y vocal del CADECA, esta decisión es “muy desacertada y descabellada” la solución que se propugna para la previsible avalancha de demandas, ya que necesariamente contribuirá a ralentizar la tramitación y resolución de esos procesos produciendo graves dilaciones en el tiempo de respuesta judicial.
Lara explica que el CADECA ha analizado el plan del CGPJ y ve hay que hay consecuencias importantes “que las cláusulas vayan a un único juzgado supondrá el colapso de dicho juzgado. Se distancia la justicia del ciudadano y a muchos afectados de localidades ajenas a capitales de provincia no se les pone sencillo el poder reclamar el dinero que dieron de más”.
También señala una cuestión sobre Justicia Gratuita importante “cuando se designen esos abogados para determinados asuntos, habrá que ver cómo va a juicio a esa capital de provincia si no se les paga los desplazamientos. Si se rompe este criterio, tendríamos la paradoja que se está siguiendo los Criterios de Competencia sobre la libertad de elección de abogado de otro partido donde reside el justiciable”.
El máximo órgano de gobierno de la Abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, pues afecta incluso al derecho fundamental de toda persona al juez ordinario predeterminado por la ley.
El CADECA que celebrará Pleno este miércoles que viene muy posiblemente en esa reunión tendrá que estudiar si, al igual que el Consell de l’a Advocacía Catalana están dispuestos a recurrir esta medida del CGPJ por via judicial. En este caso, se abriría la puerta interponer un recurso en la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo.
Desde este organismo que representa a todos los colegios de abogados andaluces se piensa que una propuesta alternativa válida seria que sean todos los juzgados de Primera Instancia quienes continúen conociendo de ese tipo de litigios conforme a las actuales normas de reparto.
Al mismo tiempo, el Consejo Andaluz se muestra contrario a que esos juzgados de ámbito provincial sean servidos por jueces en prácticas como está previsto, pues ello no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial, ya que la especialización resulta muy cuestionable en jueces carentes de experiencia profesional.
La Abogacía andaluza reivindica también que se respete el derecho de la Abogacía institucional a participar en la adopción de decisiones que afecten a la modificación de la territorialidad de los órganos judiciales, pues la Abogacía defiende siempre la Justicia de proximidad como mejor fórmula para prestar al ciudadano un satisfactorio servicio público judicial.
Castilla-León, también se une a este rechazo frontal
Casi al mismo tiempo, la Abogacía de Castilla y León, que representa a los nueve colegios de abogados de la Comunidad Autónoma, se suma al rechazo -aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado en Barcelona- al «Plan de Urgencia» del CGPJ para la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia que, de manera exclusiva y no excluyente, conozca sobre los litigios sobre cláusulas suelo en escrituras hipotecarias.
La Abogacía considera que este plan produce un sobrecoste añadido a los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial.
Además, el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos –añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.
El presidente de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, recuerda que el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que determine que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos; siempre con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.
Sanz Orejudo añade que “la Abogacía aconseja mesura en sus decisiones al órgano del gobierno del Poder Judicial, para no empeorar la situación de los órganos judiciales y los ciudadanos en su relación con la Administración de Justicia”.
