ELa magistrada Doris Arias Madrigal, de 55 años, ha hecho historia en la Corte Suprema de Costa Rica al convertirse en la primera mujer de ese país que ocupa la Presidencia de la Sala de lo Penal. O, dicho según la fórmula costarricense, en presidenta de la Sala de Casación Penal.
«Todos la reconocen una capacidad de liderazgo innegable. Tiene objetivos, tiene resolución. Es organizada y sabe lo que quiere. Doris Arias es una figura a tener en cuenta en el tablón de ajedrez de la justicia latinoamericana», escribíamos en Confilegal sobre la magistrada en octubre de 2014.
Arias Madrigal sucede a Carlos Chinchilla, que fue elegido por sus compañeros de la Corte Suprema, el pasado mes de mayo, presidente del máximo órgano judicial de ese país centroamericano, un referente para toda Iberoamérica en materia de justicia y de derecho, no en vano es en San José donde tiene su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el equivalente a nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La nueva presidenta de la Sala de Casación Penal costarricense fue elegida magistrada de la Corte Suprema de ese país por la Asamblea Nacional -equivalente a nuestro Congreso de los Diputados- en 2010.
Ha sido magistrada suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema -en Costa Rica no tienen Tribunal Constitucional, como en España; esa función la ejerce una de las Salas del alto tribunal-, y titular de la Sala de Casación Penal que presidirá durante los próximos 4 años.
La magistrada Arias es juez especialista en la jurisdicción penal desde hace 24 años. También es doctora por la Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude; su licenciatura en derecho es por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es especialista en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Chile.
Hasta ahora era presidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial de Costa Rica así como de las comisiones de Resolución Alterna de Conflictos, Penal Juvenil y Flagrancia y Género.
La magistrada Arias se ha distinguido, a lo largo de los últimos años, por la implementación del exitoso programa de Justicia Restaurativa, que ha demostrado ser más rápida, más eficaz, más barata y más satisfactoria para todas las partes que la tradicional. Gracias a su impulso, comenzó a aplicarse a los tribunales de tratamientos de drogas y también a los tribunales de menores.
A nivel internacional, copreside la Comisión de Mecanismos Alternos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas de Cumbre Judicial Iberoamericana y también es directora del proyecto regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa en coordinación con la Unión Europea, México y Colombia.
En ese país centroamericano no existe un consejo general del poder judicial o consejo de la magistratura, como en España, sino que sus funciones las tiene asumidas la Corte Suprema.
Del Poder Judicial dependen, no sólo todos los edificios y funcionarios de la justicia, sino también el Ministerio Fiscal, la Defensa Pública –la versión de nuestro turno de oficio- y la Policía Judicial. En la cúspide de todo está la Corte Suprema, formada por 22 magistrados. Son ellos administran el presupuesto de la Justicia.
Nada tienen que ver en ello los políticos, que se limitan a aprobar esta partida cada año en la Asamblea Nacional.
