Los presidentes de las Audiencias Provinciales han reclamado este viernes que se habilite en todo el territorio nacional un solo sistema de gestión procesal y un único modelo de expediente judicial electrónico para acabar con la actual situación de diversidad de aplicaciones y modelos. Dos reivindicaciones calcadas a las que vienen realizando los jueces decanos en los últimos años.
Asimismo, reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lidere las iniciativas necesarias para que los distintos sistemas no sólo sean compatibles sino que respondan a unas características similares.
Y al mismo tiempo, exigen al CGPJ que establezca condiciones mínimas que debe tener una aplicación judicial para que se pueda prescindir de los expedientes en soporte papel, como un índice electrónico tal y como dispone la Ley 18/2011 (art.26.3); la aplicación debe tener visor de documentos, un buscador potente e hipervínculos; que los magistrados dispongan de doble pantalla o herramienta similar y disponer de acceso remoto a la aplicación informática fuera de la sede judicial.
En este sentido, entienden que «hasta que no se den las condiciones anteriores se deberán dar las instrucciones oportunas para que los expedientes se envíen a otros órganos judiciales en soporte papel».
Estas son algunas de las conclusiones que han elaborado los 41 presidentes de audiencias provinciales, presentes en las XVII Jornadas Nacionales en León, que se han celebrado entre el miércoles y el viernes de esta semana.
Además, respecto a la Oficina Judicial, apuestan por definir un único sistema en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que su desarrollo se realice de modo progresivo y adaptándose a las características particulares de cada partido judicial.
Reformas legislativas
Sobre las reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, advierten de que se debe proceder sin mayor dilación a acometer la redacción de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal, que cuente con una amplia participación política, profesional y social, plasmada en una Comisión de Codificación.
«El nuevo Código Procesal Penal debe pronunciarse sobre el modelo de instrucción y debe tener como principios básicos el de legalidad, con regulación de la oportunidad reglada, la celeridad procesal, un cuerpo de peritos, la mediación y la conformidad procesal en todo tipo de procesos», destacan las conclusiones.
Igualmente, defienden que los tribunales de instancia se de instauraren de forma gradual y solo en los órganos unipersonales, agrupando partidos y servicios comunes y manteniendo las sedes actuales hasta llegar al tribunal provincial, pero solo en las provincias que por sus condiciones geográficas y núcleos de población lo permitan.
Consideran necesario el mantenimiento de la audiencia provincial para asegurar el derecho a la doble instancia y como garantía de independencia y seguridad jurídica.
También advierten de que la proliferación esperada de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación obliga a aprobar por el CGPJ un plan urgente de refuerzo en las secciones civiles afectadas de las audiencias provinciales.
Los problemas con las cláusulas suelo
Respecto a la proliferación esperada de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea persona física obliga a aprobar por el CGPJ un plan urgente de refuerzo en las secciones civiles afectadas de las Audiencias Provinciales.
Un plan que conllevará «la adscripción de los jueces necesarios bajo la modalidad orgánica que se estime adecuada».
En este sentido, los presidentes de Audiencias entiende que «el refuerzo debe recaer en las Secciones a las que la ley les atribuye el conocimiento de las anteriores materias ( art. 82.2.2 LOPJ ), sin que este reparto exclusivo compense con otros asuntos de distinta naturaleza atribuidos al conocimiento de las demás Secciones de la misma Audiencia Provincial, en forma similar al plan de urgencia aprobado para los órganos unipersonales».
Principios éticos y transparencia
Los presidentes de las audiencias provinciales han reafirmado su compromiso con la promoción de los principios éticos de deontología judicial.
Por tanto, defienden la divulgación entre todos los miembros de la carrera judicial de las sentencias que puedan dictarse por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los altos tribunales constitucionales sobre cuestiones que afecten a los derechos fundamentales de los que son titulares los jueces y a los principios éticos o deontológicos de su función.
También consideran conveniente activar fórmulas de apertura y transparencia que permitan a la ciudadanía conocer el funcionamiento de la actividad judicial.
Al respecto, opinan que esta labor de promoción e información veraz sobre el funcionamiento de la justicia debe tomar en cuenta la importancia de los medios de comunicación como vehículos idóneos para transmitir dicha información a la sociedad.
