El número de procedimientos ingresados en los tribunales españoles ha aumentado en el primer trimestre de 2017 un 1%, con un total de 1.501.522 asuntos, lo que cambia la tendencia a la disminución registrada en los últimos años.
En 2016 el número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles fue de 5.813.031. Ello supuso una disminución del 31,4 % respecto al año anterior, según el informe «Situación de los órganos judiciales en el año 2016» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En total, los órganos judiciales resolvieron 1.552.034 asuntos entre el 1 de enero y 31 de marzo de este año quedando en trámite al final del trimestre poco más de dos millones de asuntos, lo que supone un 4,2 por ciento menos que en la misma fecha del año anterior.
La entrada de asuntos ha aumentado en la jurisdicción civil y en la social, se ha mantenido en la contencioso-administrativa y ha descendido en la penal.
Por jurisdicciones
En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre del año fue de 511.147, lo que supone un incremento del 7,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En ese tiempo se resolvieron 517.592 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 1.033.570.
En la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron 49.009 asuntos entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, una cifra similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Se resolvieron 58.981 asuntos y quedaron en trámite 182.171.
Por último, la jurisdicción social experimentó un importante incremento en la entrada de asuntos, ya que los 108.198 ingresados representan un 15,2 por ciento más que en el primer trimestre de 2016. El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 112.856 y el de los que quedaron en trámite al final del periodo fue de 274.710.
En la jurisdicción penal entraron 833.067 asuntos, un 4,2 por ciento menos que en el primer trimestre de 2016. El número de asuntos resueltos fue de 862.534 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 701.650.
El CGPJ ha atribuido en otros informes este descenso en la jurisdicción penal a la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impone para los atestados policiales que no se envíen a los juzgados aquellos asuntos en los que no existe autor conocido del delito.
