Rafael Escamilla, el abogado del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha renunciado a defenderle alegando pérdida de confianza y «desencuentros» con él a pocos días de que el próximo 6 de julio esté prevista su declaración a petición propia, una comparecencia que se anulará si no designa nuevo letrado.
En un escrito remitido al juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional las extorsiones de Pineda al frente de la falsa asociación de defensa de los consumidores, Escamilla explica que «abogado y cliente han perdido la confianza que debe presidir su relación, tornándose incompatible con un adecuado derecho a la defensa».
Dos semanas antes se la anunció personalmente a Pineda, en prisión preventiva desde abril de 2016 en la cárcel de Estremera (Madrid).
El letrado explica que es contrario a que Pineda declare por videconferencia tal y como el acusado solicitó al juez instructor en un escrito en el que expuso que pretendía presentar «hojas, papeles y documentos varios».
La videoconferencia se programa para cumplir con el derecho a declarar que le otorga a Pineda el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite que las comparecencia se celebren en cualquier momento de la instrucción de la causa.
Se trata de una estrategia no compartida por su hasta ahora representación procesal que alega que esta solicitud no es el primer desencuentro entre las partes pero sí el último resultando a todas luces necesario que le represente un abogado que goce de su plena confianza.
BÚSQUEDA DE NUEVO LETRADO
Pineda tiene que encontrar otro letrado o en su caso solicitar su nombramiento por el turno de oficio, pero debe contar con una defensa antes del día de la declaración ante Pedraz ya que, de lo contrario, el señalamiento quedaría suspendido.
El pasado 9 de mayo Pedraz rechazó la última petición de libertad realizada por Pineda en sintonía con la petición del Ministerio Fiscal que le imputa delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, fraude subvenciones y estafa continuados. Considera que persiste el riesgo de fuga y de manipulación de pruebas por parte del investigado.
La investigación de Pedraz, en coincidencia con la Fiscalía y con la asociación de consumidores Facua, personada como acusación popular en este procedimiento, ha señalado la existencia de indicios de que Pineda y Miguel Bernad –secretario general de Manos Limpias ya en libertad– conformaron la trama de extorsión a entidades a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales. (EP)
