El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, estaría a favor de recuperar el delito de sedición impropia, suprimido en el Código Penal de 1995 -actualmente vigente-, para hacer frente a situaciones como la actual en Cataluña.
«El problema es que en 1995 se suprimió el delito de sedición impropia, que era esto mismo que está ocurriendo ahora de intentar retirar del Estado español una parte de nuestra nación sin violencia ni actitudes tumultuarias. Mi opinión es que eso supuso que decisiones contra la ley tan graves como esta quedaran con penas muy leves. Pero es lo que hay. Esa es la ley. Yo no la hago ni la reformo», ha declarado en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo.
Sobre las reformas legales que se podrían introducir, Maza añade: «Si yo tuviera que hacer mañana una propuesta legal no le digo que esa no fuera una, que se vuelva a la sedición impropia o que, dentro de la prevaricación, se fije un tipo penal agravado para casos de esta entidad. Para proteger al Estado de Derecho sería muy conveniente una pena más severa como prisión o multas».
El Código Penal anterior al de 1995 contenía un artículo, el 214, que incluía la declaración de independencia de una parte del territorio nacional entre los fines del alzamiento rebelde, sin exigir requisito alguno de violencia.
Una conducta que estaba castigada con una pena que iba de los 6 años y un día a los 12 años de prisión: A quienes “atentaren contra la integridad de la nación española o la independencia de todo o parte del territorio bajo una sola representación de su personalidad como tal nación”.
«No estamos ante una típica prevaicación del concejal por una autorización de obra. Es cierto que podríamos tener una herramienta más potente en el Código Penal. El delito de prevaricación en este país actualmente no cubre con la suficiente gravedad de penas actos de esta gravedad, eso est´qa claro para culauqier perosna con sentido común, no ya un técnico en derecho», concluye.
El Código Penal de 1995, conocido como el «Código Penal de Belloch», por haber sido elaborado cuando Juan Alberto Belloch era ministro de Justicia y de Interior, fue aprobado por el PSOE; el PP, que asumió el Gobierno entre 1996 y 2004, no lo volvió a incluir.
