La Conselleria de Justicia prevé un incremento de entre el 8 y el 10 % de la retribución de los abogados del turno de oficio para el próximo año, con lo que se recuperaría, según la consellera Gabriela Bravo, el poder adquisitivo perdido por este colectivo desde 2013 (un 37 %).
En unas declaraciones efectuadas durante los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, Bravo ha apostado por «no solo recuperar el poder adquisitivo perdido, sino incrementarlo en la medida de lo posible».
Según ha detallado, «el PP puso en práctica recortes por un 37 % en el colectivo de los letrados del turno de oficio. Sería irresponsable dar una cantidad concreta porque estamos analizando los próximos presupuestos, pero seguramente se contemplará una subida en torno al 8-10 %».
«Estamos trabajando por la recuperación de los derechos de este colectivo y vamos a incrementar los baremos. Sabemos que hay letrados que están trabajando en procesos complejos de corrupción y no están bien retribuidos. Queremos recuperar esa parte de la Justicia que da protagonismo a los ciudadanos», ha agregado la consellera.
Con los incrementos de los últimos años, ha asegurado la consellera, el colectivo de los letrados del turno de oficio han recuperado alrededor del 30 % de sus retribuciones, de modo que la Conselleria trabaja ahora en «no solo recuperar el poder adquisitivo perdido, sino poder hablar de un incremento».
«Esto me parece fundamental, hay que invertir en la formación y especialización de estos profesionales, que son el baluarte en los derechos de los que menos tienen», ha concluido.
Ley de Función Pública
Gabriela Bravo, también ha asegurado que el anteproyecto de Ley de Función Pública que verá el Consell a final de mes recogerá el requisito de conocimiento del valenciano con carácter general, si bien «no ha de asustar a nadie, porque se pondrán en marcha los cursos necesarios».
De momento, el anteproyecto está pendiente de un informe de la Conselleria de Hacienda y, tras este trámite, se negociará con los sindicatos.
«Hablamos de una lengua cooficial, no tiene que asustar a nadie, es normal que a cualquier persona que quiera acceder a la función pública se le exija el conocimiento de las dos lenguas. Esto no ha de generar confrontación, se va a negociar por la vía del diálogo y se pondrán en marcha los cursos necesarios para funcionarios», ha precisado.
