El Grupo Europeo de la Unión Internacional de la Magistratura (UIM), organización que agrupa a los magistrados del Viejo Continente, ha expresado «su apoyo más sólido y absoluto a todos los jueces españoles», a la vista de los reciente eventos que están teniendo lugar en la Comunidad Autónoma de Cataluña, segun un comunicado al que ha tenido acceso Confilegal.
La UIM agrupa a jueces de 60 países de los 5 continentes. La declaración del Grupo Europeo, conocido también como Asociación Europea de Jueces, se produce a instancia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) española.
«Los jueces son responsables de asegurar el Estado de Derecho -recuerdan en su comunicado- y deben desempeñar sus funciones sin ninguna presión en obediencia solamente a la Constitución y a las Leyes nacionales e internacionales».
«Sin querer interferir en el proceso político que se está produciendo en España, la Asociación Europea de Jueces quiere expresar, firmemente, que la independencia judicial debe ser observada en toda su extensión y desea expresar una clara solidaridad a nuestros compañeros españoles», concluyen.
Las intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña son la consecuencia de la orden judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), de impedir la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación convocado por la Generalitat.
En el seno del TSJCat se están instruyendo dos querellas, una contra el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, y su gobierno, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, y una segunda, contra la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la mesa, por dos delitos: prevaricación y desobediencia.
Previamente, el día 7 de septiembre, la ley de referendum y la ley de transitoriedad, aprobadas por el Parlamento autonómico 24 horas antes, fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. Los 22 miembros de la Sindicatura Electoral (Junta Electoral Central y Territoriales) presentaron su dimisión después de ser apercibidos con multa de 12.000 y 6.000 euros diarios si persistían en seguir adelante; antes revocaron todas sus decisiones.
