Los ministros de Interior de la Unión Europea discutirán este viernes por primera vez la propuesta de la Comisión Europea para relajar los plazos que limitan los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen, para dejar a los Estados miembros la posibilidad de mantener hasta tres años esta vigilancia reforzada si acreditan que es necesario frente a la amenaza terrorista.
Se trata de una medida que responde en parte a las exigencias de París y Berlín, que consideran que los plazos actuales no responden a las «necesidades de seguridad» dentro de la UE y ven necesario adaptar el Código Schengen al «nuevo contexto» del terrorismo internacional.
Bruselas ofrece aumentar de dos a tres años el tiempo máximo para realizar estos controles si se debe a razones de seguridad nacional, aunque Alemania y Francia defienden que debe elevarse el tope hasta los cuatro años. La diferencia entre tres o cuatro años, sin embargo, no es la principal reserva que mantiene París a la propuesta, según han explicado fuentes diplomáticas.
Entre las condiciones que pone la Comisión para esta revisión de las reglas figura que pasado el primer año de controles la prórroga se someta a la opinión de los Veintiocho y que se informe a agencias como Frontex (fronteras) y Europol, algo que no gusta a la delegación francesa.
De momento, y a la espera de la decisión conjunta de los 28, la Comisión Europea ha confirmado que ha recibido la «notificación» de la decisión tomada por Francia, Alemania y Dinamarca, de prorrogar los controles en sus fronteras por motivos de seguridad hasta el próximo 30 de abril.
Controles sistemáticos por la presión migratoria
Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega aplican desde hace casi dos años controles sistemáticos en sus fronteras gracias a varias prórrogas amparadas en la necesidad de gestionar mejor la presión migratoria.
Las posibilidades de prórrogas se han agotado y, de acuerdo a las normas existentes, estos países deberán levantar los controles sistemáticos el próximo mes de noviembre.
Sin embargo, Alemania y Dinamarca ya han notificado formalmente a Bruselas su intención de continuar con esta vigilancia reforzada, aunque lo harán amparándose en otro supuesto, el del riesgo terrorista.
También Francia, que reinstauró este tipo de controles tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, ha informado a la Comisión de que continuará aplicándolos.
En este caso, los límites actuales son de seis meses prorrogables, pero París ha cambiado en cada ocasión las «razones específicas», es decir, ha informado de nuevos ataques o amenazas, lo que le permite mantenerlos en el tiempo.
Propuestas de Bruselas
La propuesta del Ejecutivo comunitario, que necesitará el visto bueno de los colegisladores –Parlamento Europeo y Veintiocho– para ser efectiva, plantea varias enmiendas al Código de Fronteras Schengen para «reforzar sus salvaguardas» y flexibilizar su aplicación.
Así, Bruselas plantea una primera ampliación de seis meses a un año el plazo para la reintroducción temporal de controles sistemáticos en la frontera interior en caso de «amenaza grave» para la seguridad nacional o el orden público.
También quiere enmendar un segundo artículo del código para permitir que los Estados miembros puedan sumar otros dos años de esta vigilancia reforzada en caso de que «persista la amenaza grave», pero también si el país que solicita la prórroga demuestra que está aplicando fuertes medidas a nivel nacional, por ejemplo declarando el Estado de excepción.
Esta segunda prórroga, además, deberá ser notificada previamente a la Comisión Europea, quien informará de la situación al Consejo para que este adopte una recomendación que autorice dicha ampliación de los controles.
La Comisión Europea, que sostiene que esta medida debe ser una respuesta «excepcional» y de «último recurso», ha insistido también en la necesidad de que los Estados miembros «hablen entre sí» y coordinen mejor sus acciones contra la amenaza transfronteriza, ha explicado el comisario.
En cualquier caso, esta propuesta no será aplicable al caso de los cinco países que en la actualidad aplican los controles sistemáticos como respuesta a la presión migratoria (Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega), y que deberán levantarlos de manera imperativa el próximo noviembre porque las reglas de la UE no les permiten más prórrogas.
