La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) salen en defensa de la jueza María Núñez Bolaños «ante la difusión en varios medios de comunicación de «noticias relacionadas con el ámbito personal o familiar», y que intentan «poner en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada».
En un comunicado conjunto las asociaciones judiciales piden «el máximo cumplimiento y respeto» a su labor judicial en el caso ERE y critican especialmente la divulgación «de noticias relacionadas con el ámbito personal y/o familiar de dicha magistrada pero totalmente ajenas a la investigación judicial del caso ERE».
Unas informaciones que «no tienen otra finalidad que poner en entredicho de manera infundada su labor profesional en una causa judicial enormemente compleja y con una gran proyección mediática», subrayan.
En las últimas semanas han aparecido algunas noticias que hacen mención expresa a las posibles relaciones de amistad entre el marido de la jueza y el exconsejero de Justicia y fiscal Emilio de Llera. O cuestionan que una cuñada suya trabaje en un departamento de la Agencia IDEA.
Precisamente, el PP ha presentado un recurso de recusación para que Núñez se inhiba de investigar presuntas irregularidades en las transferencia de financiación de la agencia pública IDEA en el que los populares argumentaban que la cuñada de la jueza trabaja como técnica en el área de control financiero de IDEA, por lo que a juicio del PP pudiera tener «intereses directos o indirectos» además de falta de imparcialidad en caso de tener que citar a su cuñada como investigada o acceso «extrajudicial» a datos sobre la causa.
Antes todas estas informaciones personales, las dos asociaciones judiciales defiende que «la esencia de cualquier Estado de derecho es el respeto institucional a las decisiones emanadas de los jueces y tribunales que actúan bajo los principios de independencia, imparcialidad y estricta sujeción al ordenamiento jurídico».
Recuerdan el derecho que asiste a la Fiscalía y las partes personadas en una causa a plantear «las causas de abstención y recusación» en los casos en los que «se cuestione la imparcialidad de una autoridad judicial».
En este sentido, el juzgado 2 de Núñez no ha admitido a trámite la recusación del PP por no estar aún personado en la causa ya que la jueza impuso a los populares una fianza de 30.000 euros para ejercer la acusación popular que el partido ha recurrido por considerarla abusiva, al tiempo que también ha recurrido a la Audiencia la no tramitación de su recusación en el juzgado, todo ello pendiente de resolución.
Por todo ello, las dos asociaciones judiciales exigen en su escrito «el máximo cumplimiento y respeto a la función jurisdiccional realizada por la magistrada, Doña María Nuñez Bolaños en el marco de la instrucción del llamado caso ERE».
Y concluyen afirmando que «Sin juez imparcial no hay verdaderamente un proceso jurisdiccional revestido con todas las garantías públicas reconocidas en el artículo 24 de nuestra Constitución».
