El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apostado este martes por «revisar» la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de «fortalecer» la percepción de la independencia de la justicia española que tiene actualmente la ciudadanía.
Durante su intervención en Sevilla en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Grupo Abades, DKV y Orange, Catalá ha dicho que los ciudadanos «están exigiendo que fortalezcamos» esta percepción, aunque ha indicado que cree «firmemente» que la justicia en España «es absolutamente independiente» y «funciona gracias» a la labor que realizan 5.500 jueces, 2.500 fiscales y miles de funcionarios.
«Sin embargo, siendo así, la percepción social es que en España tenemos un problema de independencia judicial», ha aseverado el ministro del ramo, que ha instado a «pensar cómo es posible que exista esa contradicción» y, en este sentido, ha abogado por «revisar» el sistema de nombramientos y en concreto de designación de los vocales del CGPJ, que «no dictan sentencias pero hacen nombramientos de personas que luego dictan sentencias».
EVITAR «SOMBRA DE DUDA»
«Las asociaciones, los profesionales, tienen una crítica hacia que los nombramientos del CGPJ tienen un elemento de cercanía, amistad y algún criterio no objetivo», por lo que hay que «fortalecer» el sistema de convocatorias y los «méritos» para que «sean elegidos los mejores y no haya sombra de duda sobre ningún tipo de pérdida de objetividad por quien resulta elegido para el desempeño de esas funciones».
Catalá ha afirmado que cree «firmemente» en la independencia judicial y se ha mostrado convencido de que «se debería fortalecer la percepción social de que la justicia funciona cada día con total independencia, aplicando las leyes, al margen de cualquier tipo de influencia política ni conveniencia de calendario electoral».
Durante su intervención, asimismo, el ministro ha apostado por llevar a cabo una serie de «reformas» necesarias en la Administración de Justicia, señalando que «la mejor manera de abordar los problemas es hablando con los profesionales, pues nadie mejor que ellos conocen la problemática y las soluciones».
RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
También ha apostado por dotar a la Administración de Justicia de «más recursos personales y materiales», una necesidad ésta que «comparto» con la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, por lo que «debemos pelearnos con nuestros compañeros del área de Hacienda para conseguir más asignación de recursos» a la Justicia.
«Con más recursos económicos se pueden hacer más cosas, y en esos estamos trabajando», ha afirmado Catalá, quien ha recordado que, en 2017, se han podido crear 109 plazas nuevas de jueces y magistrados y 93 juzgados, 19 de ellos en la región andaluza.
El ministro del ramo también ha abogado durante su intervención por llevar a cabo reformas para combatir la «lentitud» de la justicia y el «excesivo tiempo de respuesta ante las demandas de los ciudadanos», pues la Administración de Justicia «es la única administración pública que notifica mediante telegrama a los ciudadanos».
Igualmente, Catalá ha instado a usar las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y «dejar de usar el papel», señalando que el objetivo final de todo ello es «conseguir prestar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos».
DEFIENDE EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO FISCAL GENERAL DEL ESTADO
De otro lado, Catalá ha sido cuestionado por la propuesta realizada por el Gobierno del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza, señalando que «cuando un Gobierno tiene que ejercer sus competencias no puede delegarlas y buscar compartir la responsabilidad».
Según ha afirmado, la propuesta de este nombramiento «es una competencia que le corresponde única y exclusivamente al Gobierno de la Nación, a este y a todos los anteriores», punto en el que ha dicho no conocer el caso de ningún Gobierno socialista que «haya consensuado el nombramiento cuando gobernaba».
«El procedimiento no debe hacerse desde el consenso, pero eso no significa que no se deban buscar personas de reconocido prestigio», ha defendido Catalá, quien ha señalado que la propuesta del Gobierno «tiene todas las notas que permitan que sea un candidato de consenso». «No se ha pedido la opinión porque no hay que hacerlo», ha insistido.
En este sentido, ha destacado que se trata de un jurista «de reconocido prestigio» y de una persona «prudente» y «moderada», por lo que «tiene todas las notas y características para ser un buen fiscal general del Estado, que genere consensos». «Me sorprende que algunos hagan esos comentarios, cuando les ha tocado a ellos promover el nombramiento de un fiscal general de Estado nunca buscaban el consenso de nadie», ha sentenciado.
En el acto, han estado presentes, entre otras autoridades, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar; el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, o la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. (EP)
