Entre 2014 y 2017 las asociaciones de jueces Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), junto a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la Brigada Tuitera y RIS (Rights International Spain), organización defensora de los derechos y libertades civiles, presentaron un total de 6 denuncias ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y jueces del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
De ninguna de ellas se tiene noticia hasta ahora.
¿Por qué? Según Lydia Vicente, directora ejecutiva de RIS, parte de la explicación reside en el hecho de que «el proceso es confidencial. La comunicación, que es como se denomina legalmente a lo que ustedes -en clave divulgativa- denominan denuncia, porque no es un tribunal al uso, se ha presentado. Es verdad que han pasado tres años y que no sabemos cómo está el asunto, pero también es cierto que España no está en lista de visitas a realizar por el relator, a la vista de lo que está ocurriendo en Polonia y en Hungría, donde la independencia judicial está en riesgo».
La primera en interponer una denuncia ante esta instancia fue la Plataforma Cívica, en enero de 2014, que denunciaba “la colonización por los partidos políticos de las instituciones y organismos” y específicamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros son elegidos directamente por el Parlamento.
«Nosotros hemos puesto un total de 3 denuncias y hemos recibido el silencio por respuesta. Nos hemos dirigido a Naciones Unidas formalmente y hemos llamado también por teléfono, pero nada», explica Jesús Villegas, secretario general de la PCIJ. «La verdad es que es descorazonador no obtener respuesta alguna, a diferencia del Consejo de Europa, que una y otra vez han reiterado la necesidad de que la mitad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por la carrera judicial mediante sufragio universal».
La PCIJ volvió a presentar otra avanzado ese año, al igual que JpD y AJFV, quienes, junto a RIS, presentaron una tercera comunicación, en la misma línea.
«Silencio administrativo»
Desde la Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, su portavoz, explica que ellos tampoco han tenido ninguna respuesta por parte del relator de la ONU. Silencio administrativo, pero reitera la vigencia de los criterios que empujaron a su asociación a suscribir dicha denuncia.
“Es cierto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre parte de lo denunciado, pero desde nosotros seguimos manteniendo que el CGPJ debe ser independiente y eso pasa porque los 12 vocales jueces sean elegidos por sus iguales”, señala Prado.
JJpD suscribió otra denuncia, esa en colaboración con FJI, en 2015. En ese escrito que presentaron señalaron las “diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que “tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”.
Hicieron referencia a dos cosas específicas: la primera, el controvertido nombramiento del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo, Luis María Díez-Picazo, en detrimento de José Manuel Sieira Míguez, que había venido ocupando ese puesto con eficacia durante los últimos cinco años y teniendo una experiencia de 22 años como magistrado del alto tribunal; muy superior a la del elegido.
De acuerdo con los estándares internacionales en la materia, el procedimiento de nombramiento debe ser claro transparente y libre de presiones e influencias, como mandan los estándares internacionales, y basado en criterios objetivos y en la integridad y capacidad profesional.
Las entidades denunciantes nuevamente pusieron en entredicho la última reforma aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque mermaban el carácter colegiado (y por tanto, la independencia) del CGPJ.
En 2016 la Plataforma Cívica volvió a presentar una tercera denuncia ante el relator especial por la politización de los miembros del CGPJ y el carácter arbitrario de sus nombramientos.
“El GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa), en su informe de evolución de 2013 (dedicado a España), detecta la impresión entre los jueces españoles de que la judicatura está politizada en su cúspide, hasta el punto de que a veces se sabe de antemano quién vaya a ser elegido para algún cargo de responsabilidad”, decía en su misiva.
En la misma línea se pronunció la de la “Brigada Tuitera” que instó al relator -junto a RIS, en una última comunicación- a intervenir y realizar una visita a España para verificar “in situ” los graves ataques que estaba sufriendo la Independencia Judicial.
En el caso de que el nuevo relator especial decidiera volar finalmente a España, su presencia daría pie a una serie de entrevistas para abordar todo.
El informe que pudiera elaborar, aunque no es coercitivo, sí sería de cumplimiento obligatorio.
