El Gobierno ha puesto en marcha este jueves los trámites para impugnar este mismo viernes ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlamet, Roger Torrent. A su entender, el expresidente catalán tiene limitada su «libertad deambultaroria», ya que hay una orden de detención dictada contra él si viene a España.
Con este objetivo, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha pedido informe al Consejo de Estado, como es preceptivo, para poder presentar el recurso este mismo viernes si ese informe es favorable. La Comisión del Consejo de Estado se reúne esta misma tarde para analizar la petición del Gobierno, según fuentes del órgano consultivo.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa donde ha precisado que solicitan ese informe para impugnar la resolución del Parlament del 22 de enero en la que se propone a Puigdemont como candidato. La admisión a trámite de ese recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.
Según ha explicado Sáenz de Santamaría, el fundamento de ese escrito es que el estatus jurídico actual de Puigdemont es «incompatible con su comparecencia personal en la Cámara», ya que, pesa sobre el una orden de detención que debe hacerse efectiva si entra en territorio español.
«Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial», ha abundado, par añadir que este argumento se pone de manifiesto ante la «circunstancia insólita» de que Torrent tuviera que desplazarse este jueves a Bruselas para «evacuar consultas» con Puigdemont.
CONSULTA POTESTATIVA
Además, la vicepresidenta ha avanzado que el Gobierno ha elevado una consulta potestativa para que el Consejo de Estado ofrezca su opinión sobre varios aspectos: si un candidato que no esté presente en el Parlament puede ser investido sin su presencia; si eso se admitiera por parte de la Mesa del Parlament, si podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC; y tercero, si se admitiera el voto delegado de los diputados huidos en Bruselas, si sería procedente denegar ese voto delegado o en caso de que se permitiera acudir al Constititucional.
«Lo que hace el Gobierno a día de hoy es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para que la ley se cumpla y para garantizar que todos los diputados en la Cámara ven respetados sus derechos. Y para garantizar que llevemos a cabo los procedimientos de investidura del presidente de la Generalitat con el respeto que merecen los ciudadanos de Cataluña», ha indicado. (CONFILEGAL/EP)
