Por unanimidad, los 11 miembros que hoy han compuesto el Pleno del Tribunal Constitucional, han tomado la decisión de prohibir la investidura telemática de Carles Puigdemont en la sesión plenaria del parlamento autonómico catalán, prevista para el próximo martes, según anunció su presidente, Roger Torrent.
De la misma manera, han prohibido también que dicha investidura se pueda producir incluso si Puigdemont se presentara en dicha sesión.
Los magistrados del Constitucional ponen como condición previa para que fuera válida que el candidato, fugado y en busca y captura por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia, se presente ante la justicia y obtenga la autorización del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena -al que no nombran específicamente- cosa alto improbable porque supondría su entrega.
Una tercera decisión importante tomada es la prohibición de admitir los votos delegados de los cinco fugados en Bruselas -Puigdemont y los exconsejeros que la acompañan-.
El Constitucional advierte muy seriamente al presidente Torrent y a los componentes de la Mesa del parlamento autonómico que incurrirían en responsabilidad penal si desobedecen estas órdenes.
Los magistrados no se han pronunciado sobre la admisión o inadmisión del escrito de impugnación presentado por el abogado del Estado en nombre de Gobierno y han dado 10 días a las partes recurrentes -entre los que se encuentran el propio Puigdemont y de Junts per Catalunya- para que presenten sus alegaciones.
Las decisiones adoptadas han permitido superar las tesis contrarias a la inadmisión del recurso del ponente, Juan Antonio Xiol, y mantener la unanimidad de todos los magistrados del tribunal.
El duodécimo magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, no asistio al Pleno por problemas de salud.
