«Hemos llegado al convencimiento de que nada se movía sin el conocimiento de Carles Puigdemont y de su vicepresidente, en la Generalitat, Oriol Junqueras«, en lo referente «a la puesta en marcha de páginas web de apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre, los servidores contratados en el exterior y la participación de la Administración autonómica al servicio del golpe de Estado», declaró el abogado de Vox, Javier Ortega tras asistir -como acción popular- a los interrogatorios a dos altos cargos de la Generalitat y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y otros tres empleados de este organismo.
Dichos interrogatorios fueron llevados a cabo por el magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien investiga a más de una treintena de personas por los delitos de revelación de secreto, malversación, desobediencia, prevaricación, sedición y rebelión.
Dos de los interrogados fueron el exjefe del gabinete de la Conselleria de Gobernación de la Generalitat Jordi Cabrafiga y el director de los Servicios Corporativos del CTTI, Valentín Arroyo.
«Los investigados -antes imputados- han pretendido negar su participación directa en los hechos -salvo uno de ellos- diciendo que, en el momento en que consideraron que esos actos podían no ser legales, prefirieron apartarse», explicó Javier Ortega, quien asistió acompañado de su compañero, en Barcelona, Juan Cremades.
«Los hechos dejan en evidencia que participaron, siguiendo órdenes del gobierno de la Generalitat, tratando de sortear las instrucciones de la Fiscalía y las del juez», añadió Ortega.
De acuerdo con los abogados de Vox, «aunque se celebraron reuniones previas, las decisiones finales se tomaron en aquellas en las que participaron Puigdemont, Junqueras y Marta Rovira».
El próximo martes están llamados a declarar, como imputados, el exsenador, Santiago Vidal, y el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer.
