En una intervención directa, sin concesiones a la galería, con motivo de la presentación del informe del Círculo de Empresarios sobre la calidad de la justicia y crecimiento económico en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ahora abogado en Garrigues, explicó las carencias de la jurisdicción penal señalando que «nuestro país tiene el peor Código Penal de Europa, con tipos en blanco que se cubren con normas farragosas».
«No es propio de una democracia avanzada que se haya roto el principio de intervención mínima a nivel penal”, aseguró.
Torres-Dulce recordó que el Código Penal actual ha sufrido excesivos cambios “ no responde a las exigencias planteadas en aquel otro Código Penal de 1995, modificado en una treintena de veces. No es una buena noticia su uso indiscriminado sino que se convierte en un retraso para una democracia avanzada como la nuestra.
Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recordó que ya su creador Alonso Martínez tenía los mismos problemas que se generan ahora hace dos siglos. “La situación ha ido a peor en los últimos años”. Y recordó que con la responsabilidad penal de las personas jurídicas “se copio el modelo italiano de cumplimiento normativo sin haber hecho la reforma que es necesaria en el propio código procesal penal”.
Desde su punto de vista, recordó que los artículos 24.1 y 24,2 de la Constitución que hablan de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ante jueces y tribunales son claves a nivel penal, el primero y el segundo sobre la presunción de inocencia, juicio justo, sin dilaciones están siendo vulnerados continuamente “ Ha llegado el momento de revertir esta situación que perjudica a los ciudadanos”. Y citó el libro “El honor de los inocentes” de Ángel Rodríguez editado en Tirant Lo Blanc, como publicación que explica la situación que se vive.
Junto a él, Javier Vega Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, Jose María Alonso, decano del ICAM, Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional y Supremo, Isabel Dutilh, abogada y presidenta de la Comisión Jurídica del Círculo de empresarios y Jesús Sáinz, secretario general de dicha entidad, formaron parte del panel de ponentes para la presentación de dicho informe. Un estudio que ha tardado tres años en ver la luz por su complejidad a la hora de su elaboración.
La justicia no importa al ciudadano
El que fuera fiscal general del Estado dejó su sello personal en una exposición que no decepcionó a nadie. Explicó que ya en el siglo XIX se hablaba ya del retraso y lentitud de la justicia. Y destacó como en las encuestas del CIS “parece que al ciudadano los problemas de la justicia no le importan demasiado en relación con otros, sin embargo, aquellos que han tenido algún acontecimiento jurídico en su entorno, reconocen que el sistema funciona mejor que otros que están al margen”.
Torres-Dulce habló de la tecnología y como “a herramientas como el blockchain son el presente en muchos despachos de abogados. Sin embargo la administración de justicia se encuentra alejada de este entorno tecnológico”. Destacó que se han hecho muchas inversiones en la tecnología de la administración de justicia pero “ han faltado una inversión realista y eficiente en este terreno”. Y se lamentó que sigan existiendo múltiples sistemas tecnológicos que no son interoperables.
Para el que fuera fiscal general del Estado, “si bien hay debates encarnizados a nivel de Sanidad y Educación en nuestro país, curiosamente en materia de justicia creo que hay un consenso generalizado del problema y lo que hay que hacer”. Desde su punto de vista cualquier propuesta de reforma de la justicia debe tener “un estudio de campo adecuado y su memoria económica para saber lo que nos va a costar la misma”.
En otro momento de su intervención, destacó la falta de estadísticas judiciales fiables, una queja de muchos juristas a lo largo de estos años “sin embargo hay trabajos como el Libro Blanco de la Fiscalía del 2013; los trabajos de Francisco Carrillo en la Fundacion Rafael del Pino o los estudios de Santos Pastor o de Juan Mora Sanguinetti, economista del Banco de España que ofrecen aproximaciones interesantes al fenómeno de la justicia española”.
Torres Dulce concluyó su intervención señalando que “uno de los grandes agujeros negros de nuestra justicia son las ejecuciones de las sentencias, miles de ellas pendientes”, que a su juicio requiere la búsqueda de solución inmediata porque es otro elemento que incide directamente sobre los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución.
