Enrique Arnaldo Alcubilla, de 60 años, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), anunció, el pasado viernes, a sus compañeros del alto tribunal del deporte español que abandonaba el cargo.
«Había llegado al final del ciclo. Han sido cuatro años y yo no soy de las personas que quieren eternizarse en los cargos, me gusta iniciar cosas nuevas. Esa es la única razón», explicó ayer Arnaldo a Confilegal.
«Y que nadie quiera buscar diferencias o disensiones con el Consejo Superior de Deportes porque no las hay. Al contrario, dejo muy buenas relaciones. Ha sido un periodo muy gratificante, pero también muy exigente», añadió. «En democracia es bueno que las personas cambien, que entre aire nuevo».
Arnaldo Alcubilla se estrenó en el TAD, el 22 de febrero de 2014, con el enjuiciamiento de una sanción a Cristiano Ronaldo, que había sido castigado con 3 partidos de suspensión el 5 de febrero. El TAD la ratificó, impidiendo al portugués jugar el partido ante el Elche.
El TAD es el resultado de la integración del Comité Español de Disciplina Deportiva (dedicado a la resolución de sanciones) y de la Junta de Garantías Electorales (procesos electorales), ambos desaparecidos.
Los dos se unificaron en ese único órgano administrativo, que asumió todas las funciones y competencias revisoras de la actividad federativa en materia de dopaje, disciplina deportiva y de garantía de la legalidad de los procesos electorales que se desarrollan en las entidades deportivas españolas.
El TAD ha estado formado hasta ahora por Arnaldo Alcubilla; Tomás González Cueto, abogado del Estado en excedencia; Blanca Lozano Cutanda, catedrática de Derecho administrativo; Fernando Corral Collantes, abogado; Andreu Camps i Povill, catedrático de legislación, organización y administración del deporte; Koldo Irurzun Ugalde, profesor titular de Derecho del trabajo y la seguridad social; Carmen Valverde Cabezudo, técnica superior de Especialidad Jurídica; y Miguel Pardo Irureta, abogado del Estado.
Le corresponde al Consejo Superior de Deportes el llenar la vacante dejada por este catedrático de Derecho Constitucional, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y socio director del despacho Estudios Jurídicos y Procesales.
