La Comunidad Valenciana y la de Andalucía, con 18 y 13, son las dos Comunidades Autónomas que presentaron más solicitudes de intervención de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creada en marzo de 2015.
Les sigue a corta distancia la Región de Murcia, con 10 solicitudes.
Entre las 3 suman el 70,7 por ciento de las peticiones de apoyo recibidas.
A gran distancia aparecen Cataluña, con 4 solicitudes, Islas Baleares, con 3 y Canarias, con 2.
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y la Ciudad Autónoma de Melilla pidieron ayuda a la UACC sólo una vez, según el CGPJ.
Una vez que se reciben las solicitudes en el órgano de gobierno de los jueces, se elabora una propuesta de medidas de refuerzo que tiene que aprobar la Comisión Permanente, el máximo órgano decisorio entre cada Pleno mensual.
La mayor parte de las solicitudes de intervención de la UACC proceden de Juzgados de Instrucción -en 37 casos- o de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción -en 17-, que es a quienes les corresponde instruir los delitos de corrupción.
En los últimos meses, sin embargo, la UACC ha comenzado a recibir también solicitudes de órganos encargados del enjuiciamiento de este tipo de causas.
Esto ha llevado a la Comisión Permanente a aprobar, en su reunión del pasado 1 de febrero, una modificación del Protocolo de Actuación de la UACC, ampliando su ámbito competencial a los órganos de enjuiciamiento, al estimar que el volumen de las causas, la duración de las sesiones de la vista oral y el tiempo necesario para la posterior redacción de las sentencias, que se suman al trabajo habitual de las Salas correspondientes, también hacen necesaria la adopción de medidas como el nombramiento de magistrados de apoyo o la petición de plantilla funcionarial de refuerzo.
JUECES DE REFUERZO
Las medidas de apoyo aprobadas desde hace tres años han supuesto la intervención de 42 jueces o magistrados de refuerzo en los 21 órganos que lo han solicitado a través de la concesión de las consiguientes comisiones de servicio, con o sin relevación de funciones o la adscripción de jueces sustitutos.
De la misma manera, el CGPJ ha cursado 14 peticiones de nombramiento de funcionarios de refuerzo a las administraciones correspondientes -el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas en aquellos territorios en los que se han transferido las competencias en materia de Justicia-, así como 10 de medios materiales.
También se han enviado 9 requerimientos a otras administraciones para que colaboren en las investigaciones en curso, ya sea emitiendo informes solicitados por los jueces de instrucción o poniendo a disposición de estos peritos expertos en distintas materias. Entre las administraciones requeridas figuran la Dirección General de la Policía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Intervención General del Estado.
GUÍA PRÁCTICA
El número de solicitudes recibidas por la UACC se ha incrementado desde la publicación en julio de 2017 de la ‘Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción’, que se distribuyó entre los miembros de la Carrera Judicial.
La misma propone pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos como las defraudaciones, insolvencias punibles, delitos relativos a la propiedad intelectual, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos, entre otros.
