‘Fuenteovejuna» de jueces. Los 26 magistrados titulares de los Juzgados de lo Penal de Madrid capital se han levantado «en armas» contra la decisión de la Consejería de Justicia de trasladar a 5 de ellos de su actual dirección, en la calle Julián Camarillo, a una nueva sede, en el 31 de la calle Albarracín, a unos cientos de metros, que antes albergaba a la Policía Local.
El acuerdo que tomaron ayer fue por unanimidad en su Junta de Jueces.
La sensación, entre todos ellos, de «ninguneo» al poder judicial, que representan, por parte del poder político, era la tónica.
En el sistema español le corresponde al poder ejecutivo, en este caso a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid -al haber sido transferidas estas competencias desde el Ministerio de Justicia-, el proveer de todas las necesidades materiales a los jueces para que hagan justicia.
Y aunque no tienen la obligación de consultar y consensuar con los miembros del poder judicial que se puedan ver afectados.
Porque si no se pueden encontrar con acuerdos como este, en el que los 26 magistrados muestran «su más más absoluto rechazo y oposición a la separación física, en dos sedes distintas, de los Juzgados de lo Penal actualmente sitos (todos) en la c/ Julián Camarillo, nº 11».
En un documento anexo, al que ha tenido acceso Confilegal, los magisrados califican la decisión de «incoherencia con la política de concentración de sedes penales, al suponer la dispersión de los únicos juzgados que se encontraban unificados».
Supone el traslado de 5 Juzgados de lo Penal al nuevo edificio.
El objetivo de la Consejería de Justicia es hacer 3 salas de vistas pequeñas, con espacio que se libere. Con el de los dos restantes, el proyecto es destinarlo a oficinas de la Fiscalía, incluyendo el de la fiscal decana, «que lleva antesala y baño», según fuentes de los jueces decanos.
«Dicho traslado no obedece a necesidades reales ni a demandas de ninguno de los colectivos que trabajan en el edificio de la calle Julián Camarillo (Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y Funcionarios) los cuales, pese a la existencia de otras carencias que no son atendidas, desarrollan su trabajo en la actualidad de manera óptima», explican los magistrados de lo Penal.
LA SEPARACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES GENERA IMPORTANTES DISFUNCIONES
Los magistrados de este particular «Fuenteovejuna» achacan a la Consejería de Justicia desconocer, o no haber sabido valorar, las importantes disfunciones y problemas que va acarrear la decisión tomada.
Porque «trasladar cinco Juzgados a la calle Albarracín supondría un trasiego diario y por la vía pública (como de hecho ya está ocurriendo con el Juzgado de Refuerzo ubicado en García Noblejas) de causas y documentación entre ambas sedes, con el consiguiente riesgo para el personal que lo realiza y para los procedimientos. Una imagen que poco tendría que ver con la idea de modernización de la Justicia».
Además, «los Juzgados no disponen de personal suficiente para atender dichos traslados continuos entre dos edificios, dado que solo se dispone de un Auxilio Judicial, por lo que los días que hubiera vistas en el Juzgado no podría recogerse ni entregarse ningún documento por muy urgente que fuera, situación que se agravaría cuando un mismo Juzgado celebre varios días seguido».
El traslado de presos de un sitio a otro, en el caso de que tuvieran que asistir a dos vistas diferentes, también tendría que hcerse por la calle.
«Los servicios de la Clínica Forense, Servicio de Información y el de Videoconferencia de los que se nutren los Juzgados Penales, obligaría a funcionarios, profesionales y ciudadanos a trasladarse constantemente entre ambas sedes para la realización de informes y de declaraciones», añaden los magistrados.
EL PLAN DE LA CAM
El nuevo edificio de la calle Albarracín formaparte del Plan de la Comunidad Autónoma de Madrid de concentrar los Juzgados de Violencia de Género, los Penales de ea especialidad y las ejecutorias. Al parecer, es un edificio tres veces más grande que el de Julián Camarillo.
«Por eso no entendemos el porqué la Consejería ha decidido desmembrar nuestra organización interna para dar cabida a la Fiscalía teniendo un edificio nuevo donde el espacio es más que suficiente. Nos sentimos ‘ninguneados’ por el poder político y nos oponemos al plan establecido», explican fuentes de los magistrados afectados.
REUNIÓN A TRES BANDAS CON LA CONSEJERÍA
El malestar expresado de forma interna ha materializado una reunión, para el próximo día 21 de marzo, con la viceconsejera de Justicia, Isabel Díaz Ayuso, la directora general, Yolanda Ibarrola, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, el juez decano de los Juzgados de Madrid, Antonio Viejo, la vicedecana de los Juzgados de lo Penal, María Begoña Cuadrad, titular del Juzgado de lo Penal 25, y su compañera María Paz Batista, del Penal 17, en representación de los magistrados afectados.
Será una reunión en la que se pondrán las cartas sobre la mesa. Los magistrados de lo Penal de Madrid lo tienen claro: están contra cualquier tipo de traslado. Será difícil convencerlos.
