Fachada principal del Ministerio de Justicia, en la madrileña calle de San Bernardo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La presencia de la secretaria de Estado de la Función Pública abre expectativas a las asociaciones de jueces y fiscales
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23/3/2018 06:14
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Actualizado: 23/3/2018 12:27
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La presencia de Elena Collado Martínez, secretaria de Estado de la Función Pública, la cual está incardinada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuyo máximo responsable es Cristóbal Montoro, fue recibida con expectación por los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales en la reunión que mantuvieron en la sede del Ministerio de Justicia, bajo la coordinación de Carmen Sánchez Cortes, secretaria de Estado de esta cartera, a la que acompañaban el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, y el director general de las Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado.
Collado Martínez, que llegó acompañada del director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, explicó a los representantes asociativos la oferta de trasladar a la Administración de Justicia el acuerdo alcanzado con CSIF, CCOO y UGT, que incluye una la subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB) y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.
También contemplan una serie de retribuciones variables, según grupo de población, también la revisión de la retribución de las guardias, así como las jubilaciones.
Son conceptos que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, avanzó el pasado lunes.
«Esta ha sido la primera toma de contacto. Ellos han explicado lo que pueden ofrecer y nosotros hemos planteado, a grandes pinceladas, lo que queremos. En la próxima reunión entraremos a hablar de cosas muy concretas, de detalles. Ahí se va a ver si esto va a en serio o es una maniobra dilatoria más», explicaron fuentes de las asociaciones de jueces y fiscales.
24 horas después, las 7 asociaciones han hecho pública una nota informativa en la que informan que «La reunión ha tenido dos partes bien diferenciadas. La primera parte se ha centrado en la intervención de la secretaria de Estado de Función pública, que ha trasladado a las asociaciones profesionales la intención del Gobierno de aplicar al ámbito de las carreras judicial y fiscal el reciente acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos en la Mesa de la Función Pública».
PROPUESTA DE ACUERDO
«Este acuerdo supone un compromiso de incremento retributivo de un 8/8,9 por ciento en tres años. Dicho porcentaje se desglosa en dos conceptos: 6,20 por ciento fijo y un 1,75 por ciento variable, según la marcha de la economía», añaden.
«A tales porcentajes se añaden los correspondientes a los fondos adicionales distribuidos en el mismo periodo temporal a razón de un 0,20, 0,25 y 0,30 por ciento por cada ejercicio económico, que tiene que tener carácter incondicional».
«A todo lo anterior se añade un 0,55 por ciento en el tercer año, condicionado al cumplimiento del objetivo de déficit presupuestario marcado por la Comisión Europea para España. En todo caso, los porcentajes de incremento anula se referencian al índice de crecimiento económico que sea fijado», señalan.
300 PLAZAS DE JUECES Y FISCALES
Las 7 asociaciones informan que está prevista en la oferta de empleo público «la convocatoria de 300 plazas de jueces y fiscales».
En la segunda parte de la reunión, se abordó la cuestión del incremento solicitado en los trienios, que finalizó sin ningún acuerdo.
«Se puso igualmente sobre la mesa la propuesta tratada en reuniones anteriores: el abono y financiación de togas, cuestión esta sobre la que tampoco hubo acuerdo», indican.
RETRIBUCIONES VARIABLES
En materia de retribuciones variables, los dos Ministerios explicaron que el incremento de la cantidad destinada a tal concepto pasaría desde el 1,7 por ciento actual hasta el 5 por ciento, tope máximo establecido en la Ley de Retribuciones 15/2003.
Precisamente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado esta semana tramitar el Reglamento de Retribuciones variables.
Por las asociaciones se ha propuesta desglosar, dentro de la productividad, una fija (en torno al 9 por ciento) y un variable (a partir del 120 por ciento).
De la misma manera, «el Ministerio de Justicia ha trasladado al de Hacienda un aumento del 1 por ciento por cuenta del diferencial con la media d ella función pública derivado del Real Decreto Ley 8/2010 (1 por ciento de diferencia que se manifiesta ubicada en el capítulo de retribuciones por complementos)», dicen las 7 asociaciones profesionales.
PROTECCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL
En este campo, se planteó la posibilidad de explorar la vía de reactivación de un plan de pensiones que permita equilibrar las diferencias en este terreno, quedando emplazados para siguientes encuentros.
Y sobre la jubilación, por las asociaciones se puso sobre la mesa la equiparación de las clases pasivas a las de la Seguridad Social.
GUARDIAS Y GRUPOS DE POBLACIÓN
Las 7 asociaciones de jueces y fiscales recuerdan que en la anterior reunión del 22 de febrero, el Ministerio de Justicia mostró su predisposición a introducir cambios en lo que a guardias y grupos de población se refiere.
«Sin embargo, ninguno de los dos [Ministerios] ofrecen propuestas concretas, por el momento», subrayan.
Por las asociaciones se propone, en relación a las guardias, «además de reconocer el descanso de 11 horas, realizar un estudio comparativo con otros cuerpos dela Administración de Justicia y con otros cuerpos de la Administración General del Estado.
«En lo tocante a los grupos de población, las asociaciones han propuesta la eliminación del grupo 5º y la actualización conforme al censo de población, de aquellos partidos judiciales que hayan experimentado en los últimos años un incremento de habitantes», cuentan.
SUSTITUCIONES INTERNAS Y BAREMO DE PRODUCTIVIDAD
Sobre las sustituciones internas, las asociaciones «proponemos que se abonen hasta el ciento por ciento, y no hasta un 80 pro ciento, como ocurre en la actualidad».
«De igual modo, en el curso de la reunión, por parte de los representantes de las asociaciones de fiscales se ha insistido en los mismos planteamientos, en especial, en la redefinición del baremo de productividad, la supresión del grupo 5º, la situación de los fiscales de tercera categoría», prosiguen.
Los fiscales han pedido la supresión de esa categoría.
El Ministerio ha emplazado a las asociaciones de fiscales, en cuanto al baremo, a una reunión específica.
«En lo demás, no ha habido acuerdo. La Secretaría de Estado ha manifestado su predisposición a imponer una organización común a toda las fiscalías, apoyada en la dependencia jerárquica», lo cual fue rechazado por todas las asociaciones de fiscales.
Al término de esta reunión se fijó la próxima para el 11 de abril, tras Semana Santa.
LAS MOVILIZACIONES FIJADAS CONTINUARÁN
El hecho de que haya tenido lugar esta reunión, de que se haya fijado otra para dentro de quince días, no supone la suspensión del plan de movilizaciones establecido.
«Hasta ahora todo han sido buenas palabras. Pero tampoco se ha convocado la Mesa de Retribuciones. El movimiento se demuestra andando. Vamos a ver por donde tratan de llevarnos y por dónde queremos ir nosotros», remacharon.
Por la tarde, los representantes de las cuatro asociaciones de jueces se reunieron con los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Martínez Moya, Rafael Mozo y Mario Macías.
El CGPJ, después de un largo tiempo ignorando las reivindicaciones salariales de las asociaciones, ahora ha dado un giro de 180 grados con el fin de asumir el liderazgo público de esas reivindicaciones, según la impresión generalizada de los representantes de las asociaciones.
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