El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció hoy que va a traer al sector de la Justicia, para que sea aplicado a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, el reciente acuerdo general para la función pública alcanzado por el Ministerio de Hacienda y los representantes de los sindicatos de funcionarios públicos.
«Vamos a hacer nuestras esas propuestas, a través de un acuerdo sectorial para trasladar esas subidas salariales. Esas posibilidades de incremento, en un escenario plurianual, serán las materias sobre las que trabajaremos a lo largo de las próximas semanas», reveló Catalá esta mañana en el marco de su intervención en la jornada «La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?», que tuvo lugar en la sede madrileña del Consejo General del Procuradores de España.
El acuerdo general al que se refirió Catalá fue el que suscribieron, el pasado 9 de marzo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT firmaron, el primero en los diez últimos años.
Dicho acuerdo incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB) y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.
CERRAR EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DE LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO
«El objetivo es cerrar ese debate en cuanto al impacto real sobre la pérdida de poder adquisitivo que tuvo en el sector justicia el Real Decreto Ley 8/2010. Para ver si hubo una pérdida de poder adquisitivo adicional en relación al resto de los funcionarios. Y si es así, plantearemos ese ajuste final», añadió Catalá.
Catalá se refirió al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, dictado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente a la crisis, por el que se adoptaron por el que medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, lo que supuso una minoración de los salarios de entre un 8 y un 10 por ciento, según los sindicatos.
«También estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda», continuó Catalá, «sobre la creación de un fondo de retribución variable para generar un incentivo destinado al establecimiento de planes por objetivos, incremento de la actividad sobre el número de entrada de asuntos en juzgados y tribunales, recursos asignados y resolución de asuntos, de hasta un 5 por ciento. Actualmente está en un 1,3 por ciento», añadió.
PROPUESTA DE LAS ASOCIACIONES SOBRE LAS GUARDIAS
«Han planteado las asociaciones, y a mí me parece muy razonable, modificar las retribuciones que se perciben por los servicios de guardia. Es un modelo histórico, con poco fundamento profesional que la retribución por servicio de guardia sea igual para todos los profesionales. Creo que hay que trabajar para que las retribuciones se adecuen a las responsabilidades que se desempeñan durante esa actividad», apuntó.
Los aumentos que se prevén están en torno a un 20 por ciento para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
«Me parece razonable la homologación retributiva de los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan servicios en el Ministerio de Justicia en relación con otras Comunidades Autónomas. Hoy se está negociando en Galicia. Antes de ayer se negoció en Asturias. No sé que está pasando en Madrid o en Canarias, pero me consta que la negociación ha sido importante y tensa», señaló.
«Como también abordaremos también las retribuciones de las sustituciones profesionales, tanto de jueces como de fiscales como de letrados, o la retribución derivada por los grupos de clasificación que vienen desde el año 2003 y que no han sido revisados desde entonces».
IMPLEMENTARÁ LAS 103 MEDIDAS DE LA SUBCOMISIÓN DE JUSTICIA
Por otra parte, el ministro de Justicia anunció que el Gobierno va a asumir las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales y las fuerzas políticas que quieran sumarse.
«Tienen un valor incalculable y cuentan con el aval de las asociaciones del sector que las incluyen en sus reivindicaciones», dijo.
En esa línea, Catalá se comprometió a trabajar para que durante el primer semestre del año se puedan mejorar los mecanismos de cooperación jurídica internacional, como ya se ha propuesto hacer con la regulación de la Orden Europea de Investigación, para contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que incorporará el reglamento europeo a nuestro ordenamiento y perfeccionará el actual régimen español en materia de transparencia, control, prevención y corresponsabilidad; y para impulsar la reforma del Código Penal que permita transponer directivas europeas a nuestro derecho en el ámbito financiero y en la lucha contra el terrorismo.
De cara al segundo semestre del año, el ministro señaló que es intención de su departamento reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito; que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo; un nuevo Código de Comercio y la revisión del derecho español de obligaciones y contratos.
