Un mes después del fallo del Constitucional sobre el acceso al atestado por el abogado, las comisarías hacen caso omiso

16/4/2018 06:10

Actualizado: 02/10/2023 10:27

Acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado de 13 abril del 2018 el fallo del Tribunal Constitucional 21/2018 de 5 de marzo sobre el acceso al atestado policial en comisarías.

Treinta días después de hacerse pública, la situación en las comisarias sobre esta cuestión no ha cambiado mucho. Los abogados piden el atestado aunque no siempre lo consiguen.

Como telón de fondo subyace la imperiosa necesidad de contar con una Ley Orgánica que regula el Derecho a la Defensa, reivindicación histórica de la abogacía.

Sin embargo, CONFILEGAL ha podido saber que en la última reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, presidida por Carlos Lesmes, y a la que han asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar así como otras personalidades, uno de los acuerdos de dicha reunión fue mandatar Comité Técnico de esta entidad para actualizar los manuales operativos de la Policía Nacional a la citada sentencia que es aplicable ya.

Esta Comisión se creó en 1987 con el fin de armonizar y lograr la unidad de la dirección en las Fuerzas de Seguridad adscritas a la investigación criminal.

Entre sus atribuciones están la de efectuar estudios acerca de la evolución y desarrollo de la delincuencia, emitir informes o realizar propuestas de planes generales de actuaciones de la Policía Judicial contra la criminalidad y unificar criterios para asegurar el adecuado funcionamiento de ésta.

La Comisión volverá a reunirse a finales de este año para adoptar las decisiones oportunas tras los trabajos y propuestas del Comité Técnico.

Para Antonio Agúndez, abogado defensor del citado asunto que acabó en el Tribunal Constitucional “este fallo sigue la línea de los cambios efectuados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante el 2015 donde se habló que las macrocausas se separaban en diferentes causas, se regulaba por vez primera las escuchas e intervención de e-mails y Whatsapps siempre con autorización judicial y se ponía coto a la incomunicación de detenidos. El juez que la ordene tendrá que justificarla en un auto y los detenidos serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico. No se podrá aplicar a menores de 16 años”.

Pasado ese primer mes, en muchas comisarías alegan el desconocimiento de esa sentencia para no ofrecer el atestado al abogado y se siguen refiriendo al anterior acuerdo de la Comisión Nacional de Policía Judicial. Es muy posible que hasta que se formalicen los cambios internos “es fundamental que los Colegios de Abogados empiecen a difundir a los colegiados dicha sentencia. Y al mismo tiempo que la trasladen directamente a los Comisarios jefes de cada zona dicho fallo judicial” explica nuestro interlocutor.

En este contexto, donde la rutina existente a nivel de operatividad no desaparece “hay que ir a cada comisaría y explicar el contenido de la sentencia para que nos den parte del atestado policial. Con la publicación del fallo en el BOE es evidente que ya es de público conocimiento su repercusión, al estar en un medio fácilmente localizable” apunta Agúndez. En el caso que se produzca la negativa ya están circulando consejos para cómo los abogados deben actuar “ hacer reflejar en la declaración del detenido que se ha solicitado y se ha denegado”.

Nuestro interlocutor reconoce que en este último mes tuvo que invocar dicho fallo en un centro policial para poder ver ese atestado policial. En esa oportunidad tuvo suerte y le facilitaron el correspondiente atestado que pedía. “El tema sigue abierto y aún no se ha solucionado a corto plazo. La única forma es darle difusión constante a este tema. Podrían los Colegios Profesionales editar un boletín disponible las 24 horas del día para los colegiados. Ese boletín se podría enviar a las comisarías que tuvieran dudas sobre dicho tema”.

Sobre la sentencia, Agúndez, abogado del Turno de Oficio madrileño, recuerda que “ dicho fallo es como un manual de instrucciones tiene partes muy detalladas. Creo que la Policía Nacional tendría que hacer un esfuerzo difusor de dicha sentencia. Al parecer los manuales operativos de la policía que son de unas cien paginas se van a actualizar en el apartado de lectura de derechos e información al detenido habrá que acoplar la nueva sentencia. Tendrían también que colaborar en dicha labor informativa en este tema concreto”.

Los abogados no deben dejarse avasallar

Desde Málaga, hablamos con Damián Vázquez, veinticinco años como abogado, ligado al Turno de Oficio desde el principio y vinculado al Colegio de Abogados de la Ciudad donde fue vicedecano entre otros cargos. Acaba de tener un encontronazo en una comisaría malagueña con un policía con el que hubo sus más y sus menos por pedir el atestado de su cliente “ Las comisarías siguen siendo, la mayoría puntos negros para los abogados en su trabajo. Es muy complicado hacer tu trabajo y muchos clientes cuando llegas ya han declarado”.

Ahora este abogado presenta su candidatura al puesto de Defensor del Abogado del Colegio de Málaga para evitar ese tipo de abusos y que los letrados de esta ciudad puedan hacer su trabajo en condiciones “En muchas ocasiones recomendamos que no se declare en comisaría para no perjudicar el derecho a la defensa de nuestros clientes”. Sobre el fallo del Tribunal Constitucional que obliga a entregar el atestado al abogado y al cliente conocer de que se le acusa reconoce “ que pocos cambios ha habido. Es una pelea constante pedirlo”, aclara.

Los abogados debemos evitar que nos avasallen y exigir que a nuestros defendidos se les respeten sus derechos

En dicho encontronazo, que fue contado por propio Vázquez con todo lujo de detalles en Facebook y compartido por muchos abogados de toda España reconoce que le sorprendió los malos modos del propio policía de la Comisaría Provincial de Málaga “En la declaración del detenido hice constar todo lo que estaba pasando, que nos se nos quería informar de los motivos de la detención y atestado. Llegué a estar una media hora en el calabozo solo mientras la asistencia al detenido se retrasó durante varias horas”, aclara.

Vázquez interpuso una reclamación en dicha comisaría y acudió a la Comisión para las Relaciones con la Administración de justicia (CRAJ ) de Málaga que suele intermediar en los problemas que puedan surgir en los juzgados o en comisaría “hace cinco días recibí una carta de la policía que hacía acusa de recibo de mi asunto. Una situación bastante violenta por la que no debe pasar nadie en el ejercicio de su actividad profesional”.

Para este abogado “hay que solicitar, ya lo dice la Sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando, el atestado de nuestro cliente y en el caso que no se entregue en ese momento y no se nos dé toda la información, hay que hacerlo constar en la propia declaración del detenido, recomendar que no declare en esas circunstancias y si hay una posible detención que no está clara presentar un habeas corpus para que el juez decida lo antes posible en este tipo de asuntos. No debemos dejar avasallarnos. Estamos defendiendo los intereses de los justiciables”.

Vázquez al igual que Agúndez, reconoce que “se debe hacer un esfuerzo para que se conozca este fallo del Constitucional. Implica directamente a los ciudadanos del Turno de Oficio como aquellos clientes privados que sean detenidos por diversas circunstancias en la esfera penal. En este terreno los Colegios de Abogados deben ayudar en esa difusión y que sirvan de apoyo a los abogados en esos momentos de su actuación profesional. Debe haber una coordinación mayor para que dicho fallo judicial se cumpla realmente en la práctica. Ahora estando en el BOE desde el pasado viernes no hay excusa para que nuestra policía la cumpla realmente”.

Y reconoce que muchos detenidos no conocen sus derechos y se sienten intimidados en comisaría. “Es fundamental que antes de declarar en comisaría hablen con sus abogados”, apunta.

ENLACE AL BOE Sentencia 21/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 3766-2016.

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