Antonio Agúndez

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Nadie duda que la sentencia del Tribunal Constitucional 21/2018, de 5 de marzo de 2018, donde se otorgaba recurso de amparo en relación con el auto de un Juzgado de Instrucción de Madrid denegando la incoación de habeas corpus, ha sido uno de los fallos del año.
No habrá nuevos derechos procesales del detenido si no se solicitan por su abogado defensor, que es el inmediato garante de su ejercicio. Ésta es una de las conclusiones de la jornada organizada por APROED (Abogados y Ciudadanos Pro Estado de Derecho) en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Los abogados madrileños se sienten desprotegidos ante las amenazas de la otra parte o de sus clientes en el transcurso de su actividad profesional. Curiosamente en los últimos meses ha habido varios casos donde ha peligrado la integridad física de los letrados y se ha echado en falta un protocolo claro de actuación.
Acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado de 13 abril del 2018 el fallo del Tribunal Constitucional 21/2018 de 5 de marzo sobre el acceso al atestado policial en comisarías. Treinta días después de hacerse pública, la situación en las comisarias sobre esta cuestión no ha cambiado mucho.
Diferentes asociaciones de abogados piden neutralidad al ICAM en las próximas elecciones, que se celebrarán el 13 de diciembre
El Turno de Oficio y su problemática llega al Tribunal Constitucional. Podemos recurre la Ley de Justicia Gratuita que abre la puerta a la privatización