Los abogados madrileños piden un protocolo que ayude a gestionar sus amenazas y agresiones
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31/5/2018 05:55
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Actualizado: 30/5/2018 21:45
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Los abogados madrileños se sienten desprotegidos ante las amenazas de la otra parte o de sus clientes en el transcurso de su actividad profesional. Curiosamente en los últimos meses ha habido varios casos donde ha peligrado la integridad física de los letrados y se ha echado en falta un protocolo claro de actuación. La situación es algo más complicada en el Turno de Oficio.
En el caso de las profesiones sanitarias, la reforma de julio del 2015 del Código Penal convierte cualquier agresión sanitaria en delito contra la autoridad. La propia Organización Médica Colegial ha creado el llamado Observatorio Nacional de Agresiones para estudiar estos temas y buscar una solución a los mismos. Ahora, algunos señalan que la abogacía es una profesión de riesgo al tratar estos profesionales con personas toxicómanas y otras con amplio historial delictivo.
R. S. son las iniciales de una abogada madrileña experta en derecho civil y penal que ha vivido un trago amargo en el ejercicio de su profesión. Pese a ello tenemos la convicción de que tiene más ganas que nunca de seguir siendo abogada. En sus cinco años de ejercicio profesional nunca había pasado un momento tan duro. “Creo que lo que me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera”, aclara.
Nuestra protagonista de esta noticia es la abogada de la acusación particular de un hombre que sufre una situación de acoso importante. Su ex pareja mujer tiene cinco quebrantamientos de condena sobre él y el caso ha generado en que el varón se fuera de su casa porque tras un juicio de quebrantamiento de condena, la ex mujer se dirigió al domicilio de éste con un cuchillo para amenazarle.
Dos días antes de un juicio por quebrantamiento de condena recibe una serie de audios, whastapp por parte de aquella ex pareja para que no siguiera con el caso. “Amenazas de muerte en concreto. De hecho sé que llegó a saber mi domicilio anterior al actual. Su ánimo era que no fuera a ese juicio de cualquier manera”. Reconoce que le pillo en el despacho cuando fue a la policía a denunciar el tema.
La decepción de esta joven letrada fue cuando contacto con el Defensor del Abogado del ICAM. Me dijeron que no podían hacer nada para ayudarme. Que con poner la denuncia en comisaría era suficiente. También lo hice con el Diputado de Guardia. Estuve un día entero haciendo llamadas de un sitio a otro sin darme una solución a mi problema”.
Curiosamente la situación se endereza cuando entra en un chat llamado “comentarios jurídicos” en formato whatsapp, donde hay muchos abogados y algún miembro de la Junta de Gobierno del ICAM, “Ahí expliqué mi problema y se generó un revuelo importante dentro de este grupo. Muchos compañeros me apoyaron otros se solidarizaron conmigo porque habían tenido un problema parecido”
A partir de ahí la actitud de las asociaciones de abogados como ALTODO MADRID hizo que se reactivase el tema. Así un abogado de APROED, Antonio Agúndez se mostró a cubrirle el juicio. Al final se hicieron las gestiones oportunas para que lo llevase Juan Gonzalo Ospina, diputado del ICAM. “El juicio se cubrió y ella salió con una sentencia condenatoria”. Sobre la denuncia, recuerda que la jueza que la tocó fue bastante diligente y le ofreció una orden de protección vigente en la actualidad.
Fachada del Colegio de Abogados de Madrid. (ICAM)
Las aguas al parecer han vuelto a su cauce. “Pero todavía tenemos asuntos pendientes con ella en los juzgados. Le comenté el caso a la jueza del Juzgado de lo Penal correspondiente que llevaba el caso porque el juicio era a los dos días. Pero en lugar de apoyarme, tras el escrito que le envié con la copia de la denuncia, me dijo que no tenía nada que ver con el tema y no era su asunto y que el juicio se iba celebrar”, denuncia.
Frente a ello reconoce el buen trato que recibió por la policía que le atendió y que le señaló que aquella mujer que había ido contra ella tenia un amplio historial de antecedentes delictivos. La hicieron una transcripción literal escrita de dichas amenazas en audios. “Igual pasó con la magistrada del Juzgado de Instrucción correspondiente que me ayudó mucho, me llamó por teléfono y activó la orden de protección. Creo que se puso muy en mi piel. Y se lo agradezco”; señala nuestra interlocutora.
Los abogados se quejan de la falta de un protocolo
CONFILEGAL ha recogidos algunos testimonios de abogados para conocer su opinión sobre este tema ,es el caso de Ángel Juárez, abogado y presidente de APROED, “falta un protocolo claro que solvente situaciones en la que el abogado tiene problemas serios con su cliente o con la otra parte. Creo que hasta ahora la defensa del colegiado por parte del Colegio de Abogados no se ha hecho de forma clara. Es fundamental tener un protocolo de actuación para este tipo de situaciones que empiezan a ser frecuentes”.
“Cuando llega una queja al Colegio por un abogado éste debe invertir la carga de la prueba y demostrar que es inocente. El abogado colegiado no tiene derecho a la presunción de inocencia”, destaca.
Para este letrado, “el problema se acrecienta en el Turno de Oficio donde no siempre recibe un trato correcto pese a que al estar bajo una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es una especie de funcionario público en funciones durante el tiempo de duración de la guardia de ese servicio público”. Desde esta perspectiva cree que debería tener el mismo concepto de protección que el propio médico o profesores en las aulas, como autoridades, como así viene reconocido en la última reforma del Código Penal.
En su opinión, “el Estado debería velar por quien presta ese servicio público a la sociedad. Y una variante con las connotaciones adecuadas para aquel abogado que de forma particular trabaja en su despacho. Se debería exigir una responsabilidad a todo aquel que amenazase o maltratase al abogado en cuestión en este tipo de casos”. Sobre el Defensor del Abogado cree que puede aportar mucho “y tener la estructura suficiente para llegar a este tipo de situaciones que a cualquier abogado nos puede pasar”.
Para Raquel Segovia, abogada del Turno y miembro de la Junta Directiva de ALTODO Madrid “este tipo de situaciones no están bien cubiertas. Tendría que ser una respuesta más inmediata porque puedes pasar por momentos muy desagradables. Al final la solución es denunciar a la policía”. También reconoce que hay momentos en que predomina el “principio de culpabilidad del abogado sobre la forma de actuación del cliente”.
Esta abogada ha recibido alguna vez amenazas de sus clientes y es un momento duro sin duda de asumir.
Abogados del Turno de Oficio en una de sus últimas concentraciones.
A juicio de esta abogada “hay también coacciones veladas en tu trabajo como letrado donde el cliente te intenta decir lo que tienes que hacer. En el momento que ven que no haces lo que te piden, meten queja al Colegio de Abogados. Desde la llegada de la Junta anterior del ICAM se archivaban de plano, aunque si alguna pasa el filtro supone que pierdes un tiempo importante en demostrar tu no culpabilidad”.
En ese línea recuerda un caso de un cliente que quería pedir a través de un monitorio una indemnización por daños tras un accidente de tráfico “sin embargo tenía un informe donde se señalaba que no había patologías actuales y si anteriores que ahora pretendía presentar este afectado como provocado por el accidente. Trate de justificar mi actitud de no interponer el caso y acabé en la Comisión de Justicia Gratuita dando explicaciones y presentando el recurso de insostenibilidad, pese a ello me llamó y amenazó que iría contra mi vía judicial”.
El ICAM pide respeto para los abogados
Juan Gonzalo Ospina, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, conoció del caso en cuestión tras la llamada de un compañero del Turno de Oficio. “Me puse en contacto con la compañera para conocer mejor el asunto que me contó las amenazas recibidas en vísperas de un juicio que tenía que asumir. Ella reconoció que estaba asustada y desprotegida”.
Por la urgencia del tema “se habló con varios diputados y se buscó una solución para proteger los derechos de la colegiada y salvaguardar el derecho a la defensa de su representado y no generarle indefensión. Nos envió un correo electrónico con la copia de la denuncia que nos envió y una comunicación fehaciente de su cliente al que comunicó que iba a ser sustituida en dicho juicio”
Analizada la documentación y estando el cliente de acuerdo con la sustitución “al día siguiente el diputado Ospina acudió a ese juicio oral sustituyendo a la abogada, sin percibir ningún tipo de dieta y remuneración. Al final se logró una sentencia condenatoria para la denunciada”. Al mismo tiempo se ha abierto un procedimiento penal abierto contra esta persona en los juzgados de Plaza Castilla en diligencias previas. “Estamos analizando si nos personamos como acusación popular”, explica.
Para Ospina este tipo de situaciones hace reflexionar de que es consciente que se debe fortalecer el derecho a la defensa y al abogado en el ejercicio de sus funciones. Ospina no entiende como el juez y el fiscal tienen la condición de autoridad cuando están en sala y el abogado no. “Debemos reclamar el mismo plano de igualdad que tienen jueces y fiscales, a los que en pocas ocasiones se les amenaza realmente”.
Se trata de fortalecer la igualdad de trato, no solo material sino formal. Debe tener una regulación mayor para que la sociedad entienda el respeto que debe tener la profesión de abogado. “Si la abogacía debe respetarse, debemos empezar por nosotros mismos” apunta. Desde el ICAM se es consciente que el modelo actual de Defensor del Abogado se puede mejorar y en este sentido debe hacerse.
“Algunos abogados consultados por este medio creen que el modelo de Defensor del Abogado debe modificarse para recoger este tipo de amenazas o posibles agresiones y dar apoyo claro al letrado víctima de ello”.
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