La Asociación de Fiscales (AF) critica la «desproporcionada» respuesta contra los magistrados de la Audiencia de Navarra por la sentencia a los cinco integrantes de La Manada, con manifestaciones «carentes de rigor». Y subraya que las resoluciones judiciales, «aunque no se compartan», merecen «todo el respeto», ya que constituyen un «pilar fundamental» del Estado de Derecho y de la Democracia.
Así lo ha manifestado la asociación a través de un comunicado, tras la sentencia de ‘La Manada‘, en la que la Audiencia condena a los cinco jóvenes a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, pero les absolvió del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.
En este sentido, la Asociación de Fiscales ha apuntado que las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración «en conciencia» de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados.
La organización ha destacado que esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano. Por ello, ha recordado que la ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones.
De la misma manera, la asociación ha señalado que las resoluciones de los tribunales que en su día decidan los recursos que se interpongan, estimen o no dichos recursos, deberán ser respetadas dentro del correcto funcionamiento de un Estado democrático.
De este modo, la Asociación de Fiscales lamenta la «facilidad» con la que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales; se realizan juicios paralelos; se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia; se realizan manifestaciones carentes de rigor; se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales; y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Ministro de Justicia, que «tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones».
En este sentido, la AF censura las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que avanzó que el Gobierno revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal.
